Luego de que propietarios, trabajadores y beneficiarios de miles de Estancias Infantiles de todo el país, agotaran las vías de acercamiento con el gobierno federal, a fin de revertir la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de retirar los subsidios a estás instituciones, miles de amparos se han venido acumulando para tratar de impedir el recorte presupuestal, una medida, que como otras tantas, fue anunciada como parte del combate a la corrupción de la Cuarta Transformación.
Como todo tema que involucra a los niños y familias más vulnerables por su condición económica, ha sido sensible. Nadie pone en duda la buena intención del presidente al tratar de eliminar al intermediario y entregar el recurso directamente a las familias cada bimestre; pero tampoco es fácil cuestionar el trabajo de estás instituciones, que como en todo ámbito, deben haber las que operen mal y las que operen bien.
Esta misma semana dimos a conocer en las páginas de El Siglo de Torreón que en Coahuila existía una lista de más de 600 niños “fantasmas” en diferentes Estancias Infantiles, sin embargo, sustituir el modelo de subsidio tampoco garantiza que el combate a esa forma de corrupción sea efectiva, o que el bienestar de los niños y niñas mexicanas sea la prioridad.
Uno de los gritos que más se ha escuchado, principalmente de aquellas estancias que si trabajan de acuerdo a la ley, con calidad y transparencia, es que se revise una por una, el número de niños que atienden, las condiciones en las que se encuentran e incluso las evaluaciones permanentes que se hace de su personal.
Muchas de las instituciones dedicadas al cuidado de los menores que piden esto, es porque seguramente no hacen parte de ese sistema de corrupción que se avaló durante varios sexenios desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), e incluso han mostrado disposición para convertirse en apoyos de transparencia con el gobierno de López Obrador.
Más allá del resultado jurídico de los amparos, y a pesar de que el tema por momentos se agota en la agenda mediática, la incertidumbre de miles de padres y madres de familia que no saben donde dejar a sus hijos crece y se agudiza, la necesidad de una salida que involucre a sociedad civil, estancias y gobierno, se hace presente cada día que se deja que la crisis se eleve.
La cifras maquilladas que ya empieza a salir en otros estados del país, así como en Coahuila, revelan una realidad, pero el trabajo honesto de muchas otras instituciones mexicanas, tampoco pude dejar de reconocerse en un país que anuncia un cambio en la nueva forma de gobernar.