La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización experta en temas de desaparición de migrantes, celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permita que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) obligue a las autoridades a hacer públicas las investigaciones donde se considere que hubo graves violaciones a los derechos humanos.
Ayer jueves la SCJN resolvió los amparos 661/2014 y 453/2015, referentes al derecho a la verdad sobre los casos de las masacres de San Fernando y Cadereyta, y dictó que el Inai está facultado para determinar si una investigación se refiere a violaciones graves de derechos humanos.
De esta forma, el Instituto Nacional podría pedir a las autoridades hacer pública cualquier indagatoria que se haya considerado como reservada.
"Con estas sentencias, la SCJN envía un mensaje claro a la ahora FGR de que no se seguirá aceptando la secrecía en violaciones graves a derechos humanos. En este sentido, ambas sentencias fortalecen el derecho que tenemos como sociedad a la verdad, a la información y al escrutinio público de las autoridades encargadas de las investigaciones, así como de las posibles autoridades y actores implicados en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos", señaló la Fundación para la Justicia.
Sin embargo, la ONG también llamó a que la SCJN aclare cuánto tiempo llevará acceder a los casos donde hubo violaciones graves a los derechos humanos, pues recordó que las solicitudes de información que pedían acceder a los casos de San Fernando y Cadereyta se realizaron hace siete años.
Hace nueve años, en San Fernando Tamaulipas, ocurrió la desaparición y asesinato de 73 migrantes a manos de presuntos miembros del crimen organizado. Asimismo, dos años después fueron encontrados los restos de 49 migrantes en Cadereyta, Nuevo León.