Las normas que regularán las operaciones de la Guardia Nacional fueron entregadas ayer al Senado para su análisis, a fin de aprobarlas a la brevedad y echar andar así la operación del polémico cuerpo con el que la actual administración, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, busca hacerle frente a la inseguridad que, durante el 2018, dejó más de 33.000 muertos.
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, entregó el paquete de leyes secundarias que contempla la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley sobre el Uso y Regulación de la Fuerza y la Ley de Registro Nacional de Detenciones.
Con ellas, con base en la justificación contenida en los textos, se busca hacer hincapié en que los cuerpos de seguridad solo podrán usar la fuerza cuando sea estricta y razonablemente necesario. Asimismo, precisa que el uso de armas de fuego es una medida extrema, por tanto no podrán emplearse como señal de advertencia o para controlar o dispersar manifestaciones.
Durazo Montaño urgió a la Cámara alta a aprobar estas leyes, debido a la crisis de inseguridad: "El Senado tiene sus tiempos, igualmente la Cámara de Diputados, pero estoy seguro que todos los representantes, y las y los senadores harán su parte para que este proceso sea lo más rápido posible", dijo en entrevista con medios locales.
MANDO MILITAR
López Obrador anunció ayer que la comandancia de la Guardia, que contará con decenas de miles de efectivos, estará a cargo del general de brigada del Estado Mayor Luis Rodríguez Bucio, de 62 años, un licenciado en Administración Militar quien pasará a retiro en septiembre. La CNDH descalificó su nombramiento.