Acaba de entrar en vigor una serie de modificaciones a la Constitución General de la República, principalmente a su art. 3°, en materia educativa. Al órgano encargado de realizar estos cambios (reformas, adiciones, derogaciones) a la Carta Magna, los tratadistas lo llaman Constituyente Permanente. Se trata de un órgano relativamente complejo, pues está formado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y todas las legislaturas locales.
Para que una modificación a la Constitución se considere aprobada requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en su respectiva Cámara al momento de votarse. Y luego la aprobación de más de la mitad de los Congresos locales, es decir, al menos de diecisiete, si bien en éstos por mayoría simple, ya no por mayoría calificada.
La iniciativa para llevar a cabo estos cambios constitucionales fue enviada a la Cámara de Diputados por el presidente López Obrador, con el propósito de echar abajo la que él nombra la "mal llamada reforma educativa", aprobada por el Constituyente Permanente en 2013. Su nuevo proceso legislativo fue tortuoso y atropellado, particularmente en su etapa final. Ello con motivo de que no alcanzó a llegar a su término durante el pasado periodo legislativo de sesiones ordinarias, concluido en abril. Le faltó un solo voto en el Senado.
Menos de una semana después y luego de que los líderes parlamentarios de Morena sostuvieron hasta nueve reuniones secretas con los líderes de la CNTE, según se dijo y nadie desmintió, se convocó a un periodo de sesiones extraordinarias a partir del 8 de mayo. Periodo que resultó más atropellado aún.
Porque resultó que en un dos por tres la Cámara de inicio, que fue la de Diputados, en maratónica sesión celebrada el 9 de mayo aprobó el dictamen de 405 hojas que los diputados apenas conocieron dos horas antes del inicio de la sesión, tiempo a todas luces insuficiente para darle siquiera una lectura superficial; vaya, ni una rápida hojeada. Las mismas prácticas desaseadas de cuando el priismo era mayoría y que ahora con toda naturalidad emplea Morena. Dos días después el Senado hizo lo propio.
En la parte final de este proceso de reforma constitucional, la correspondiente minuta se recibió en el Congreso de Coahuila el lunes 13, se dictaminó en comisiones el martes 14 y el miércoles 15 de mayo la discutió y aprobó el Pleno, naturalmente con el voto en contra de los nueve diputados de Acción Nacional.
El ejercicio de la Legislatura coahuilense resultó un tanto ocioso, porque los noticieros nocturnos del martes 14 informaron que habían dado ya su aprobación a la contrarreforma educativa 17 congresos locales.
Casualmente el miércoles 15, "Día del Maestro", en el momento en que los diputados locales de Coahuila discutíamos el dictamen de esa contrarreforma, el presidente López Obrador la promulgaba. E incluso ese mismo día, "tan significativo y simbólico", se publicó en el Diario Oficial. Las maravillas que hacen la magia de la tecnología y la fascinación por los ritos simbólicos de la era priista, considerada por muchos como muerta para siempre. Pero ahora vemos que no.
Me correspondió participar en tribuna para exponer los argumentos de la posición en contra de los diputados panistas. Empecé por señalar que no repetiría las razones aducidas por los diputados federales y senadores panistas durante el proceso legislativo, bien conocidas por el público interesado en el tema. Dije que daría otro enfoque a mi argumentación, consistente básicamente en cuatro puntos. De éstos aquí sólo daré cuenta de dos, por razones de espacio.
Expresé que hay dos palabras, a la vez conceptos y valores, que parecen como proscritas, malditas, anatemizadas y por ello no se les permite inscribirse o permanecer en el texto de nuestra Constitución en la parte relativa a la educación, es decir, en el artículo 3°. Son la Libertad y la Calidad (y la gemela de esta última que es la Evaluación).
En las Constituciones de un gran número de países democráticos el principio fundamental en materia educativa es la libertad de enseñanza. No puede haber ciudadanos libres si no se les educa con libertad. Cuando ésta no se permite, se troquelan las conciencias, práctica propia de los regímenes totalitarios.
En nuestro país, hasta ahora ha sido imposible incorporar al artículo 3° la libertad de enseñanza. Artículo por cierto que durante más de una década estableció que la educación debía ser socialista.
Pues bien, cuando López Obrador envió su iniciativa propuso derogar la fracción VII del artículo 3°. Esta fracción es la que establece la autonomía universitaria y el principio de "libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas". De inmediato lo notaron los diputados panistas y también de inmediato se produjo una generalizada reacción de protesta. El gobierno alegó que tal propuesta de derogar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra obedeció a un "error de captura" -que nadie creyó- y reculó.
La reforma educativa de 2013 incorporó al texto del artículo 3° cuatro veces la palabra calidad y otra el concepto sin mencionarla expresamente. Una en el párrafo tercero: "El Estado garantizará la CALIDAD de la educación obligatoria..." que ha quedado ya derogado. La segunda en la fracción II: Uno de los criterios que orientará la educación obligatoria "será (el) de (la) CALIDAD, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos". Esta fracción está ya cancelada.
La tercera y cuarta vez aparecía esa misma palabra en la fracción IX:
"Para garantizar la prestación de servicios educativos de CALIDAD se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa... (al que) corresponderá ... evaluar la CALIDAD, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional..." se suprimen y se sustituyen por un sistema nacional de mejora continua de la educación, el cual no tiene como herramienta la evaluación.
Con esta contrarreforma, resultado del chantaje y la extorsión de un violento grupúsculo al que de esta manera se pagan favores políticos, la educación nacional, han afirmado los que conocen el tema, retrocede cuando menos tres décadas.