Proponen cárcel a empresarios inmobiliarios que rompan la ley en CDMX

El diputado Nazario Norberto Sánchez, de Morena, propuso en la sesión de este jueves en el Congreso de la Ciudad de México sancionar con prisión de dos a 10 años a empresarios e inmobiliarias que infrinjan la ley.

El legislador local dijo que su propuesta que modifica varios artículos del Código Penal capitalino, busca combatir el incremento en el número de construcciones con más niveles de los autorizados en la ciudad.

El proyecto de decreto propone, entre otros cambios, aumentar de cuatro a siete años de prisión al director, responsable de obra o similar que autorice o permita el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva, sin apego a las licencias o autorizaciones debidas.

Además, al propietario, representante o similar del inmueble donde se desarrolla la construcción, su representante legal o el constructor o constructores, que permitan o realicen en cualquier etapa la edificación sin apego a la licencia, o autorizaciones debidas.

También, impone de tres a 10 años de prisión al servidor público que de manera ilegal avale estas construcciones.

El diputado destacó que el desarrollo inmobiliario juega un gran rol en el desarrollo de las ciudades, y refirió que la Ciudad de México no ha sido la excepción; sin embargo, se ha desenvuelto en un contexto de desconfianza y continuos señalamientos de corrupción.

Nazario Norberto recalcó que diversas investigaciones destacan la corrupción que existe en este sector e indican que en México las empresas gastan unos mil 600 millones de pesos anuales por incurrir en acciones de este tipo, las cuales laceran el ordenamiento, la conservación territorial, y en consecuencia el derecho de los ciudadanos a la protección civil.

Precisó que las alcaldías con más casos son: Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Benito Juárez.

Consideró necesarios y urgentes los cambios en el Código Penal, “pues ha quedado claro que además de que hay incumplimientos en materia de zonificación y construcción, ahora una nueva forma de comisión de este delito es a través del cambio de razón social que hacen las empresas constructoras que comienzan una obra, para terminarla con otra denominación o razón social, incumpliendo la ley y con ello poniendo en riesgo a las y los ciudadanos”.