Van por ley para atender a desplazados en México
El Gobierno de México informó este martes que trabaja en la elaboración de una ley para combatir el desplazamiento forzado de personas dentro del país tras años de denuncias por parte de organismos internacionales ante la falta de una legislación sobre este asunto.
Según datos de la Secretaría de Gobernación, en 2017 se registraron 25 episodios de desplazamientos forzados, que afectaron a 20,390 personas de nueve estados, sobre todo en el sur del país.
En tanto, una estimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apunta a que entre 2009 y 2018 hubo 18,380 personas desplazadas por la presencia de actividades criminales en sus poblaciones.
La nueva legislación que prepara el Gobierno para atender el fenómeno reformará la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que actualmente solo atiende a extranjeros, para incluir competencias y un fondo en materia de desplazamientos internos forzados.
En conferencia de prensa en la capital mexicana, el coordinador general de la Comar, Andrés Ramírez Silva, consideró que es "un tanto irónico" que desde 2011 México cuente con una ley para atender a refugiados extranjeros y ninguna para desplazados internos.
"Es imperdonable que no lo hayamos tenido", criticó Silva, quien lamentó que actualmente la Comar no puede atender a personas con ciudadanía mexicana.
"Debemos tener un marco legislativo e institucional para regir con toda claridad las formas o procedimientos y operativos para afrontar este fenómeno", reivindicó.
Uno de los principales retos de esta legislación será encontrar un mecanismo más certero a la hora de cuantificar el fenómeno de desplazamientos forzados, ya que los datos que tiene México "están incompletos", alertó la directora del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), Alexandra Bilak.
Bilak se encuentra de visita oficial en México, donde se encontrará con comunidades indígenas del suroriental estado de Chiapas, principal afectado de los desplazamientos internos, y elaborará una recomendación para el Gobierno mexicano.
Por su parte, la titular de la Unidad de Política Migratoria y Registro de Identidad de Personas, Rocío González, relató que los desplazamientos en México suelen afectar a comunidades indígenas por conflictos agrarios, desastres naturales, la presencia del crimen organizado o la construcción de infraestructuras.
Expresó que desde hace una década, organismos internacionales y nacionales, como la CNDH, han pedido a México una legislación sobre este asunto, pero los anteriores Gobiernos "no hicieron nada".
El fenómeno, dijo, se agravó especialmente en la década de 1990, con la aparición de grupos guerrilleros en Chiapas, pero siguen sucediendo casos graves.
Explicó, por ejemplo, que en enero de 2017 el personal de una minera canadiense en el céntrico estado de Zacatecas forzó mediante amenazas el desplazamiento de 47 familias de sus hogares.
"En muchas ocasiones, el desplazamiento no solo se produce por un conflicto entre particulares, sino que implica flagrantes violaciones a los derechos humanos y no tenemos datos precisos", explicó González.
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el mundo hay 41.3 millones de personas en situación de desplazamientos forzados dentro de sus propios países.