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Lista Negra

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

 L A publicación de una lista de deudores de la Comisión Federal de Electricidad integrada por Estados y Municipios, revela la necesidad de ordenar la prestación y el cobro de los servicios de suministro de energía que presta dicha paraestatal, tanto respecto a los usuarios oficiales como particulares.

La avalancha de cifras al respecto consideran en un primer lugar los adeudos acumulados del Gobierno de la Ciudad de México y de algunos ayuntamientos de la misma capital, a los que se suma toda una serie de organismos públicos deudores, en el interior de la República, integrada por gobiernos locales y municipales.

En el rubro de condonación se calcula que en una primera fase se condonaría la friolera de cuarenta y tres mil millones de pesos, que se sumarían a otros sesenta mil millones de pesos anuales que se pierden en virtud del consumo ilícito de electricidad, y por deficiencias en la medición del consumo.

La noticia implica que la política de cobro de adeudos con la CFE durante las administraciones federales precedentes, habría pecado de laxa al permitir la acumulación de recibos no pagados, lo que con motivo de la llegada de la Cuarta Transformación plantea la disyuntiva de continuar con la misma política e inclusive consolidar los adeudos anteriores, iniciando un programa de condonación o por el contrario, endurecer la exigencia de pago.

Lo anterior no dice nada nuevo ni nada distinto a lo que ya sabemos por experiencia propia, como ocurre con el botón de muestra del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, en que el servicio de suministro de agua potable se ve afectado en forma recurrente, por los cortes del suministro de energía decretados por la CFE, como instrumento de cobro coercitivo del adeudo histórico que arrastra SIMAS.

En el caso concreto de nuestra ciudad, la situación se explica en virtud de la tolerancia que tuvo la CFE en tiempos de Enrique Peña Nieto, frente a los adeudos acumulados durante las administraciones municipales priístas de Eduardo Olmos y Miguel Riquelme, lo que se ha convertido en un lastre para el gobierno municipal actual de sello panista, y para los torreonenses en conjunto, ahora que la llamada Cuarta Transformación trata de aplicar mano dura desde la CFE.

Lo anterior resulta preocupante, porque la dureza en el cobro aplicada en el caso local, contrasta con la complaciente postura del gobierno federal en estados como Tabasco, patria chica del ahora Presidente de la República, en dónde a raíz del inicio del actual sexenio se decretó una tregua generalizada de la que deriva una condonación general, que incluye tanto el consumo de instituciones oficiales como de los mismos particulares, en lo que se avizora como una especie de borrón y cuenta nueva.

En términos políticos sabemos lo que anterior significa, puesto que si bien la condonación de adeudos como medio de subsidio ha sido en nuestra historia patria un hecho frecuente, lo cierto es que la cuenta nueva suele impulsar un círculo vicioso de adeudo condonación, que enferma las finanzas públicas y suele no tener fin.

Es evidente la conveniencia de sanear las finanzas públicas y aligerar la carga de adeudos que en la práctica resultan incobrables, pero preocupa que la política de subsidio que lo anterior implica se encuentre apoyada en criterios discrecionales, en virtud de los cuales se decida por afinidad partidista electoral la asignación o retiro de apoyos de esta naturaleza, lo que además del daño a la hacienda pública, redunda en una grave violación a la equidad y a la justicia.

En tal escenario cobra especial importancia la demanda de transparencia que hace la organización México Evalúa, frente a la Comisión Federal de Electricidad, en la que entre otros rubros sobre temas de responsabilidad empresarial, como el impacto ambiental y los procesos de licitación y adjudicación de contratos, se incluye el de los subsidios a los consumidores, trátese de organismos públicos o usuarios privados.

Escrito en: adeudos, condonación, cobro, suministro

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