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GERARDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ

La compleja relación entre el Estado y la Sociedad Civil en el México actual

A la Ciudadania

GERARDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ

En todo país la relación que se establece entre el Estado y la Sociedad Civil determina el régimen político que le caracteriza. Entendemos por Estado como el conjunto de instituciones políticas desde las cuales se dirige una nación, que en México corresponden a los tres poderes de la Unión (ejecutivo, legislativo y federal), y por Sociedad Civil al conjunto de ciudadanos que habitan esa nación desempeñando funciones privadas o sociales, sea en forma individual o colectiva.

El régimen político que se crea en México durante el período postrevolucionario se sustentó en una estructura corporativa que permitía a los gobernantes en turno mediar y controlar a los ciudadanos a través de organizaciones sociales o privadas corporativizadas (obreras, campesinas, populares y empresariales), es decir, integradas al aparato del Estado, donde eran una extensión más de este. Los ciudadanos mexicanos no podían actuar fuera de ese esquema y quienes lo hicieran en forma autónoma o independiente del Estado Mexicano les deparaba la represión o se cooptaba a sus dirigentes.

A este componente del régimen político se agrega otro que opera como un poder fáctico: los grandes empresarios que poseen una parte importante del capital que se invierte en la economía mexicana. Del gobierno de Miguel de la Madrid al de Peña Nieto, las políticas económicas se dictaron para favorecer al mercado como elemento rector de la economía, dejando al Estado una función de gendarme y cumpliendo parcialmente otras funciones básicas como educación o salud; durante este período se realiza una captura de las instituciones del Estado Mexicano por ese poder fáctico, siendo un ejemplo local el manejo del agua.

Esos dos factores, el corporativismo privado y social institucionalizado, cada vez más desgastado, y la presencia del gran capital que opera como poder factico que incide en las decisiones centrales de la política económica del Estado Mexicano, constituyen los pilares del régimen político que hereda López Obrador, régimen que pretende desmantelar y transformar, sin embargo, aún no se ve una ruta clara hacia dónde.

Tal parece que la intención de AMLO es fortalecer las capacidades económicas y políticas del Estado Mexicano, de ahí que busque controlar las empresas productivas del Estado Mexicano como PEMEX y CFE, promulgar una ley laboral que libere el control sindical de los obreros, pero también eliminar aquellas estructuras de mediación que el régimen político construyó para relacionarse con los ciudadanos mexicanos, de ahí que los apoyos que ahora otorga el gobierno federal sean recibidos directamente por sus beneficiarios.

En ese intento de desmantelar el viejo, pero vigente, régimen político, AMLO ha incluido, erróneamente, en un mismo costal a todas aquellas organizaciones de la Sociedad Civil que surgen durante el período neoliberal, incluyendo a grupos y organismos civiles que emergen desde el proceso democratizador del país de fines de los años ochenta del siglo pasado, conformados por ciudadanos que cuestionaban dicho régimen y que ayudaron a construir instituciones autónomas que acotaran el autoritarismo oficial (IFE o INE, CNDH, las comisiones reguladoras de actividades productivas o que vigilaran el desempeño de los gobernantes en sus funciones y en el ejercicio del erario público, el propio Banco de México), amén de respetar el equilibrio de poderes.

Usar la figura del líder y el bono democrático que legitima su gobierno como resultado de la votación que lo elige, enfrenta, además de la compleja situación económica, política, social y ambiental, en algunos casos desastrosos, el cómo pretende reconfigurar la relación entre el Estado Mexicano y la Sociedad Civil, en cómo se pretende construir el nuevo régimen político. En pocas palabras, no es claro cómo se va a transitar de la democracia representativa a la democracia participativa.

Estamos de acuerdo que la vieja estructura corporativa dio estabilidad política al país pero perjudicó a los ciudadanos al limitar sus libertades individuales y colectivas, o que, al igual que se hizo con la iglesia en el siglo XIX, se debe marcar la sana distancia con el gran capital, acotarlo para darle más racionalidad al capitalismo mexicano, pero no que se descalifique la participación ciudadana y solo se reconozca a esta en un concepto vago de pueblo llano, seguir esa ruta sin considerar la diversidad sociocultural de México y la necesidad de definir nuevos mecanismos que involucren a los mexicanos en las decisiones que marcarán el nuevo rumbo del país, genera un vacío que ni el propio movimiento-partido oficial, Morena, ha podido cubrir y ese es uno de sus grandes retos, además de ganar elecciones.

A nivel local esto se traduce en que los ciudadanos que votaron por el cambio, más allá de quienes se benefician con los programas sociales, no tienen espacios y mecanismos a través de los cuales participen en la toma de decisiones, o estos son limitados, ya que los nuevos representantes del gobierno federal presentan dificultades para atender las agendas locales pendientes o emergentes, o les es más fácil operar con las estructuras y liderazgos del viejo régimen político y poder económico.

Esto lo observamos en un tema en el que algunos ciudadanos laguneros nos hemos involucrado desde hace varios años: el del agua. Un asunto añejo porque el desbalance entre recarga y extracción del acuífero ocurre desde 1946, que posteriormente se agrava por la falta de control de las concesiones y los bombeos, omisión de Conagua porque no puede actuar frente al poder fáctico que incide en ella, los grandes usuarios que monopolizan las concesiones, traduciéndose en su sobreexplotación y contaminación, problema evidente que se evade y pretende resolver con potabilizar aguas superficiales. ¿Y la sobreexplotación y contaminación? ¿Continuará? Parece que en este caso el nuevo gobierno federal carece de interlocutores con los ciudadanos.

Escrito en: GERARDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ Estado, régimen, ciudadanos, político

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