CNDH lamenta falta de comparencias por estancias infantiles
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no haya citado a comparecer a las autoridades que rechazaron la Recomendación 29/2019 de las estancias infantiles.
Este miércoles la bancada de Morena descartó que María Luisa Albores, secretaria de Bienestar; Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público; María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral Familiar (DIF), y César Emiliano Ochoa, responsable de la Comisión de Mejora Regulatoria, asistieran al Congreso para explicar por qué rechazaron la recomendación de la CNDH.
"Esta determinación cancela la posibilidad de que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos reconocidas por la Recomendación 29/2019, a quienes revictimiza, reciban por parte de las autoridades que no aceptaron dicho pronunciamiento, la explicación fundada y motivada, a la que constitucionalmente tendrían derecho sobre las razones que sustentaron su negativa, así como a que en una comparecencia pública se pudiera debatir con representantes populares, de manera abierta y transparente, el sentido de la misma", expresó el organismo autónomo.
Indicó que, como lo han hecho integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, los legisladores que bloquearon la posibilidad de la comparecencia también descalificaron la labor de la CNDH:
"Preocupan las descalificaciones y aseveraciones infundadas que se hicieron desde la tribuna de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre el profesionalismo, calidad moral e independencia de la CNDH y de quienes prestan sus servicios en ella, afirmaciones que no corresponden a la realidad, que desinforman a la sociedad y generan una percepción equivocada sobre el caso, desviando y confundiendo la atención pública de las cuestiones realmente importantes y de fondo".
Por último, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez anunció que informará sobre estos hechos a las relatorías e instancias de los sistemas universal y regional de derechos humanos, que en reiteradas ocasiones han advertido que las autoridades deben cumplir con las recomendaciones que reciben.