Uno de los grandes problemas que enfrentan los sistemas democráticos es la participación ciudadana. De hecho, la parte inacabada de ellos es la transición de la participación en los procesos electorales, lo que se ha denominado como democracia representativa, a la participación en los asuntos públicos ocurren antes y después de dichos procesos, lo que se ha denominado como democracia participativa.
Esta parte es fundamental en la maduración de los sistemas democráticos y constituye un tema clave de la agenda política que deben impulsar los gobiernos que se asuman como demócratas, pero sobre todo la que debemos asumir los ciudadanos. Sin un ejercicio pleno o más acabado de la ciudadanía un país no se puede definir como democrático. Esto es el talón de Aquiles que enfrenta el régimen político establecido en México durante la primera mitad del siglo pasado.
Uno de los factores clave que limitaron ese ejercicio de ciudadanía entre los mexicanos ha sido el corporativismo político, el sistema de mediación y control que se creo entre el gobierno y los ciudadanos implantado en el período señalado, cuando las organizaciones sociales fueron incorporadas al cuerpo del Estado mexicano a través del partido político dominante para ejercer el poder de manera hegemónica por las nuevas elites políticas.
Pero las viejas estructura corporativas, y en sí el conjunto del régimen político, se han desgastado, la elección federal del año pasado constituye el principal indicador de su agotamiento más no de su finalización y transición a un nuevo régimen político. Quizás, y esto solo es una hipótesis, estemos iniciando esa fase de transición de un régimen político a otro, ya que el nuevo gobierno surge, más que de un partido político, de la suma de un conjunto de expresiones y movimientos sociales y políticos, de ahí que veamos que esta nueva organización política dominante está enfrentando dificultades para construir una nueva hegemonía.
El nuevo gobierno, en particular el Presidente de la República, ha anunciado que uno de sus cometidos principales es la transformación real del régimen político, para lo cual inició con un acelerado proceso de cambios legislativos y en la política pública federal, donde destaca la reforma a la legislación laboral que suprime algunos de los preceptos en que se sustentaron las estructuras corporativas sindicales, así como la eliminación de otras formas de mediación entre las instituciones oficiales y los ciudadanos.
Es claro el mensaje presidencial de pretender fortalecer al Estado mexicano, y para ello desprenderlo de la captura que de él vienen ejerciendo los poderes fácticos durante el período neoliberal, sea el gran capital, el narco y otras expresiones que limitaron su capacidad rectora no solo de la economía, sino de las políticas públicas sociales. Pero aún no sabemos que sigue, no es clara la dirección que está tomando la reconfiguración del Estado mexicano.
Esa búsqueda del fortalecimiento del aparato estatal ha provocada duras críticas por parte de algunos segmentos de la sociedad mexicana, particularmente de las clases medias y altas, sobre todo de estas últimas que participaron como poderes fácticos en esa captura de las instituciones que conforman no solo el poder ejecutivo, sino también en algunos ámbitos de los otros poderes, siendo la más notoria el temor de que se restaure el viejo Estado mexicano autoritario que inhibió las libertades democráticas de los ciudadanos.
Si bien apenas inicia este nuevo gobierno, es fundamental que esa reconstrucción del aparato estatal nos involucremos los ciudadanos, que busquemos incidir, por medios pacíficos y legítimos, en las decisiones que se tomen del poder público, ya que de esa manera contribuiremos en alejar esa tentación autoritaria y avanzar en la construcción de un nuevo sistema democrático, en un nuevo régimen político que se base en una mejor gobernabilidad y gobernanza democrática.
Una y otra son fundamentales en la reconfiguración del aparato estatal y del nuevo régimen político que se pretende construir, proceso en el que no se está exento, ante la debilidad que presentan algunas de las instituciones que conforman el Estado mexicano actual, de evitar esa restauración autoritaria del poder público, y en ello es clave el desempeño del poder presidencial que en el viejo régimen político se ejerció con facultades metaconstitucionales. En ese desempeño también es fundamental que no se reproduzcan males que caracterizaron, y en no pocos casos siguen caracterizando al régimen político en esta transición, como la corrupción e impunidad que permeo el ejercicio del poder público en sus diferentes niveles.
La clave en esta transición no se encuentra en que asciendan al poder público gobernantes que pretenden cambiar el régimen político, puesto que todo cambio resultará inacabado, si se aspira a construir una democracia avanzada, sin la participación de los ciudadanos. Por ello, está en nosotros que el cambio verdadero ocurra, puesto que dejarle esa tarea solo a los gobernantes no es garantía que se logre, esto solo será posible si nos involucramos en la maduración de nuestra democracia.