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EFE
jue 19 sep 2019, 8:14pm 3 de 36

Inhabilita la SFP a Robles por 10 años

Sanción. La inhabilitación fue emitida en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que prevé la sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial.


La exfuncionaria fue sancionada por falsear información en su declaración.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que la encarcelada exministra mexicana Rosario Robles fue inhabilitada por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal.

Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la Administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue notificada este miércoles de la sanción, indicó la Secretaría de la Función Pública en un boletín.

Precisó que la inhabilitación fue emitida en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que prevé la sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial.

Con esta sanción, afirmó la secretaria Sandoval, se impulsa el principio de honradez que rige al servicio público, en busca de una nueva ética pública en el Gobierno de México, y se refrenda el compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y la impunidad.

A esta fecha, la dependencia tiene más de 19.000 investigaciones en curso y ha sancionado a 2.434 funcionarios, a quienes ha impuesto sanciones consistentes en 732 inhabilitaciones, 135 destituciones y 217 multas económicas por un monto de más de 4.500 millones de pesos (232.438 dólares).

Robles, en prisión preventiva desde hace más de un mes, es investigada por permitir presuntamente el desvío de fondos públicos por unos 255,6 millones de dólares.

En 2017, el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicaron que el Gobierno de Peña Nieto había usado "empresas fantasma" para desviar recursos mediante convenios fraudulentos en una trama denominada la Estafa Maestra.

Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar servicios.

Sanción. La inhabilitación fue emitida en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que prevé la sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial.
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