Editoriales
RENÉ DELGADO
sáb 21 sep 2019, 7:32am 6 de 8

Hacer, no repetir la historia



Sobreaviso

Tan sólo imaginar que, otra vez, la alternancia no derive en una alternativa escuece el alma. De nuevo, con enorme esfuerzo y costo, se emprendería un ejercicio político sin sentido que, en su fracaso, supondría una derrota nacional.

A la posible transformación la suplantaría una deformación que, como en otras ocasiones, colocaría al país en un apuro, quizá, superior a los ya padecidos. Y, sobra decirlo, así no se hace historia, más bien se repite o desbarata.

Pese al reiterado dicho, el movimiento y los personajes en el poder resultarían ligeramente diferentes, pero no distintos a los anteriores.

Al buen sabor de boca que dejó la ceremonia de El Grito, tanto por su sobriedad en Palacio como por su festejo en la plaza, siguió un regusto amargo, aquel donde los compromisos, los excesos y las contradicciones advierten que no basta modificar los símbolos del poder, si no se tiene claro el signo de su ejercicio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado cabal dominio de los símbolos, pero no de los signos. Y, en el inexorable paso de los días, se le está yendo la oportunidad de operar el cambio sin ruptura pretendido.

De continuar por esa ruta, se desvanecerá la idea de "Juntos Haremos Historia".

Pese a la presunción, el lopezobradorismo repite sin gran diferencia lo hecho por anteriores administraciones.

El campanazo en materia educativa no repone la rectoría del Estado en ese campo, la debilita. Si la anterior administración atinó relativamente en el concepto de la reforma, falló en el acuerdo y el instrumento de ella. La hizo contra los maestros, no con ellos. Ahora, se atinó en el instrumento, pero no en el concepto. Se hizo con los maestros, pero sin los educandos. Así, el pilar de formar hoy, bien y mejor, a los escolares que llevarán mañana las riendas del país se ha reblandecido.

Otra vez se echó mano del recurso de otorgar en la Constitución lo que niega la ley reglamentaria. Otra vez, se incurrió en la política del campanazo que, en cuanto otro pueda, la hará ir al otro extremo y, en su carácter pendular, perderá el centro que garantice la continuidad que toda política pública exige. Otra vez, el compromiso político-electoral sacrificó a la política pública necesaria. Prácticas harto conocidas, no distintas.

Hoy, como ayer, se hizo lo de siempre, teniendo por diferencia invertir el concepto y el instrumento, anteponiendo el compromiso electoral al compromiso gubernamental.

Si lo concedido a un sector del magisterio con derrama generalizada es anticipo de lo que ocurrirá con la iglesia cristiano-evangélica, en breve, la separación Estado-Iglesia será estrechamiento.

Parte de esa posibilidad la vive ya -por no decir, la sufre- la población del estado de Morelos. La gananciosa alianza electoral de Morena y el Partido Encuentro Social con la candidatura de Cuauhtémoc Blanco, hoy es pérdida política. Ganaron la elección y perdieron el gobierno.

El costo de esa alianza aún no se expresa en su totalidad. En Morelos, el precio fue el de una posición; en el Estado, puede ser el de un principio. Según Arturo Farela, de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, falta recibir en concesión privilegios por parte del Estado que, a la postre, vendrán en desmedro de la laicidad del Estado. Hoy, ya tocan a la puerta para invitar a leer la Biblia y repartir la cartilla moral del gobierno.

Adquirir compromisos electorales para, más tarde, cumplirlos a costa del gobierno o del Estado no marca una distinción, sino una semejanza.

En cuanto a excesos de los acólitos de la Cuarta Transformación que, en vez de facilitar, dificultan la acción de gobierno, sobran los ejemplos.

Esta semana, el exceso lo protagonizó el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Pedro Salmerón. Justo cuando el Ejecutivo impulsa una amnistía, el funcionario reivindicó como "un comando de valientes" a quienes ultimaron al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada. No en vano la carta del Presidente del grupo empresarial FEMSA, José Antonio Fernández, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentando el señalamiento y manifestando extrañeza ante el hecho de convocar a la reconciliación y animar la confrontación.

Tales excesos y desbocamientos no revelan la acción articulada de un gobierno, sino lo contrario: la falta de coordinación del mismo.

Asimismo, la marcha y contramarcha en algunas acciones o la contradicción en algunos postulados ponen en evidencia la falta de cuidado en el concepto y el diseño político y legislativo de los cambios que se pretenden operar.

En abril, con júbilo inconcebible, entró en vigor la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa y, ahora, se propone una ley de amnistía en beneficio de primodelincuentes que hayan incurrido en delitos menores, no graves. ¿Cómo? ¿Se quieren vaciar las cárceles para llenarlas de nuevo?

Si la ampliación de delitos objeto de prisión preventiva oficiosa hubiera entrado en vigor antes de la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, provocada por el robo de combustible, los pobladores heridos hubieran ido al hospital en calidad de detenidos y, luego, a prisión.

¿Cómo es que el Ejecutivo y Legislativo no advierten la incongruencia y la contradicción en que incurren a veces?

Es comprensible la irritación que provoca la crítica al Ejecutivo, pero -como él mismo dice- esta vez no se puede fallar. Fallar no significaría no sólo su derrota, sino también la del país.

Esta vez, no se puede perder la oportunidad de hacer de la alternancia una alternativa e intentar hasta donde se pueda hacer juntos historia, no repetirla ni desbaratarla.

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