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Desplazados claman por apoyo

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CLAUDIA BARRIENTOS

Huyeron de la violencia en sus comunidades de origen y, pese a que es su derecho recibir apoyo gubernamental, la ayuda ha llegado a cuentagotas.

Nuevamente, desplazados originarios de comunidades como Plomosas y La Rastra, del municipio de Pueblo Nuevo, se presentaron en el Congreso del Estado evidenciando la crítica situación en la que se encuentran.

Se trata de un grupo de 80 personas, entre las que se encuentran adultos mayores, niños, niñas y bebés, que están viviendo en la esquina de un terreno ubicado al sur de la ciudad, donde se les hizo un lugar.

En un pequeño espacio duermen a la intemperie y sólo durante los días que llovió colocaron unos plásticos para resguardarse, pero no duraron. "Ahí pasamos aguaceros, porque no teníamos en donde más", narró el señor Bartolomé en entrevista.

Acudieron nuevamente al Congreso del Estado porque ninguna autoridad les ha brindado apoyo, aseguran que han ido varios funcionarios que los escuchan, eso sí, pero nada les resuelven.

También ha habido quienes les dicen que mejor se regresen a sus comunidades, pero no quieren volver, aseguran que se van a quedar en la capital del estado porque no quieren exponerse a la violencia en sus lugares de origen. "Ya no volvemos porque, a qué vamos, ¿a que nos maten?".

Todavía recuerdan los hechos de violencia que les tocó presenciar hace aproximadamente un mes, "llegaron como 13 camionetas y camiones con personas a bordo, algunas vestidas de policías", dice uno. "Montones de casquillos había, donde se sentaban a rafaguear las casas", complementó otro, ante los cuestionamientos de los medios de comunicación.

Como pudieron, huyeron con lo que traían puesto, hasta llegar a Durango, donde estuvieron en el albergue municipal, "llegamos a las 11 de la noche y nos dieron de cenar y al día siguiente nos dijeron que les habláramos a nuestros familiares para irnos con ellos".

Desde que se instalaron en el terreno en mención, algunas personas y asociaciones civiles los han apoyado con comida, pero siguen sin un lugar digno donde vivir.

Algunos de los hombres consiguieron trabajo en un aserradero, pero la gran mayoría no tiene un ingreso para el sostenimiento de sus familias.

A decir de la delegada estatal de asociación civil Pro Libertad y Derechos Humanos, Norma Luna, se debe activar el protocolo para casos de desplazados que establece que el gobierno debe atender sus necesidades de vivienda mientras cesa la violencia en sus comunidades.

"Como son desplazados, de acuerdo a la Ley Indígena, ellos tienen el derecho a que temporalmente se les ponga en un lugar de acuerdo a sus costumbres y modo de vivir. Que se les reubique temporalmente y, una vez que cese la violencia, ellos pueden regresar a sus comunidades".

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