Los movimientos populares e indígenas de Ecuador lograron una victoria sobre las medidas económicas neoliberales, luego de que el gobierno del presidente Lenín Moreno retiró el draconiano programa de austeridad revelado el 1 de octubre que involucraba un préstamo de USD $4.2 mil millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como un agudo incremento en el precio del combustible.
Pese a la represión lanzada contra la movilización masiva, una huelga y choques en las calles que dejaron al menos 7 muertos, 550 heridos y 1,000 arrestados, obligando a Moreno a cambiar su gobierno de Quito en los Andes a la ciudad costera de Guayaquil, la negociación de la noche del domingo, moderada por Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, arrojó la cancelación del programa y un acuerdo para crear una comisión que preparará nuevas medidas para enfrentar el déficit.
Líderes indígenas suspendieron las protestas y Moreno firmó un decreto el lunes que anula oficialmente la eliminación de los subsidios del combustible, lo que propició que el precio de la gasolina y del diésel se duplicara bruscamente, desatando el alza de los productos básicos.
Sin embargo, apenas horas después de que miles celebraran en el parque El Arbolito del centro de Quito el retiro del controvertido Decreto 883, Paola Pabón, prefecta (gobernadora) de la provincia de Pichincha -su capital es Quito- fue detenida por cargos de rebelión mientras dormía en su casa. Pabón es integrante del partido opositor de izquierda Movimiento Revolución Ciudadana (MRC), cercano a Rafael Correa, predecesor de Moreno en el Palacio de Carondelet y hoy autoexiliado en Bruselas.
La embajada mexicana en Quito ha ofrecido asilo y protección a seis personas, incluyendo legisladores de la Asamblea Nacional y sus esposas, reportó el lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La legación brindó refugio el sábado a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, también militante del MRC, acusada por Moreno de promover un golpe con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
El martes, la SRE envió una nota diplomática de protesta a la cancillería ecuatoriana, debido a la frase "AMLO terrorista" pintada en el muro de la embajada en alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al día siguiente, simpatizantes de Moreno se manifestaron frente a la sede contra el asilo otorgado a los legisladores.
La represión del Estado sobre el MRC está detrás de la cautela mostrada en las negociaciones por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que desplegó en Quito más de 20,000 activistas durante la crisis e indicó que la base de su propuesta en la comisión especial será rechazar cualquier medida "que afecte los intereses de los más pobres".
Opuesto al extractivismo y el neoliberalismo, Jaime Vargas, líder de la confederación, afirmó que los precios de la gasolina y del diésel, así como las tarifas del transporte público, deben regresar al nivel previo al Decreto 883.
"Hemos perdido nuestro miedo, ya no somos aquellos indígenas que dejaban al gobierno humillarnos. El pueblo tiene que expresarse. Hemos liberado un derecho, basta del saqueo del pueblo ecuatoriano", recalcó Vargas.