Ley Olimpia, asunto pendiente en el Congreso de Durango
El Congreso del Estado de Durango, entre sus muchos asuntos pendientes, tiene en lista de espera la aprobación de la llamada "Ley Olimpia", la cual propone sancionar con cárcel a quien difunda imágenes, videos o audios íntimos de una persona sin su consentimiento, lo que es catalogado como violencia digital.
La impulsora de estas reformas al Código Penal es la activista Olimpia Coral Melo, pues a la edad de 18 años fue víctima de violencia digital cuando un video íntimo que grabó con su entonces pareja fue difundido en Internet e incluso utilizado en páginas pornográficas, lo que le generó un desprestigio social y graves problemas en su salud mental, al grado de intentar el suicidio al menos en tres ocasiones. Por fortuna, una vez que pudo recuperarse de ese difícil momento, decidió luchar por el respeto de los derechos humanos.
La propuesta de Olimpia, que ha logrado convertirla en una ley vigente en 13 entidades federativas, es que se castigue con cárcel a quien difunda sin consentimiento material visual o auditivo de carácter íntimo de otra persona. En algunos estados, por ejemplo Puebla, la sanción es de 3 a 6 años, mientras que en Nuevo León, es de 4 a 8 años de prisión.
La difusión ilegal de imágenes de carácter sexual puede sucederle lo mismo a hombres que a mujeres, aunque es una realidad que estas últimas son las más afectadas por los prejuicios y roles de género. Una vez que las imágenes son difundidas las catalogan como prostitutas (entre muchos otros calificativos peyorativos) o consideran que merecen ser exhibidas por acceder a ser grabadas. El juicio social contra los hombres suele ser menor y allí está el ex futbolista Zague quien ahora hasta tiene un comercial de champú haciendo referencia a su video en donde exhibió sus genitales.
El "sexting", que consiste en el envío de material con contenido erótico y/o sexual mediante los dispositivos tecnológicos es una práctica común sobre todo en la población joven, por otro lado, muchas parejas disfrutan de su sexualidad con la grabación de videos, es algo que no debiera asustarnos pero sí se deben tomar las medidas correspondientes para proteger la intimidad de las personas.
Existe además el riesgo permanente de que mujeres y hombres sean grabados o fotografiados sin su consentimiento y expuestos en plataformas digitales, por lo que el número de víctimas de esta explotación es incalculable.
Se trata de un asunto de la mayor importancia, que los y las diputadas estatales deben tomar con seriedad y a la brevedad posible hacer las reformas correspondientes. Esperemos que no se vayan de vacaciones de fin de año sin antes hacer este trabajo.
PUNTO Y APARTE.- La masacre cometida contra integrantes de la familia LeBarón en Sonora es una muestra más del horror en el que vivimos como país, donde cada día es un estado diferente donde ocurren hechos sangrientos.
Con este lamentable caso, de nueva cuenta la prensa internacional se centra en México, en cuyas notas resaltan la barbarie del asesinato de tres mujeres y seis menores de edad, entre ellos bebés de apenas meses de nacidos. Una vez más, el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador es señalado al ser incapaz de contener, o al menos disminuir, la ola de homicidios que se dispersa en todo el territorio.
La respuesta del Gobierno de México y de las autoridades locales, para variar, fue tardía. Un día después del ataque y bajo la presión en redes sociales fueron a Sonora los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de la Marina, José Rafael Ojeda Durán a hacer un recorrido del que no se esperan mayores resultados.
La que como siempre ha brillado por su ausencia es la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quién también debería interesarle el tema pero tal vez anda asesorando a Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California que quiere prolongar su mandato de manera ilegal e inmoral.
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