Durante los últimos días, diferentes iniciativas de reformas en material electoral a nivel nacional, han provocado una gran cantidad de comentarios, al mismo tiempo que han puesto en alerta a muchos ciudadanos, quienes ven serias amenazas a la democracia, al sistema de partidos y ponen en peligro la autonomía de las autoridades electorales.
La primera de ellas, busca que la Presidencia del INE, que actualmente dura 9 años, ahora sea de 3 años, además de que sea rotativa entre los integrantes del Consejo. Lo que más ha llamado la atención, es que en sus artículos transitorios, prácticamente acorta la duración del actual Presidente del INE, para que en lugar de dejar su encargo en 2023, ahora lo haga el próximo año, en el contexto de la designación de los 4 Consejeros que dejan su encargo.
En pocas palabras, si dicha reforma se aprueba, el actual Presidente del INE, dejaría de serlo, lo que implicaría una aplicación retroactiva de una ley en perjuicio y en contra de la autonomía de una institución, por lo que sería inconstitucional. En dado caso que se apruebe, lo ideal es que entrara en vigor después de 2023. Otro punto interesante, es que la propia iniciativa menciona que la Cámara de Diputados elegirá entre cuales de sus integrantes recaerá dicha Presidencia rotativa, dejando lugar a muchas interpretaciones sobre como operaria ese mecanismo.
La segunda de estas reformas, busca reducir el financiamiento de los partidos políticos un 50%, este es un asunto que ya tiene mucho tiempo considerándose, pero hasta el momento no ha fructificado y muy seguramente así seguirá. Hay varios elementos a considerar, de entrada el contexto es favorable para que en este marco de mayor austeridad, se reduzca el financiamiento, incluso considerando que desaparezca la figura de doble financiamiento a nivel nacional y local, sin embargo, lo que causó mucho escozor, era que las multas y sanciones que tenían los partidos políticos pendientes de pagar, se dejarían de cobrar.
Si se hace borrón y cuenta nueva a las multas, se premia a los partidos políticos que actuaron mal, además de que si se reduce de golpe el financiamiento de los mismos, existe el riesgo de que desaparezcan varias opciones políticas, o incluso que se privilegie al financiamiento privado, con todo lo que esto puede implicar.
El contexto actual es complicado, lo que pasó en Baja California es un ejemplo claro y alarmante de como las reglas que ya fueron aprobadas pueden ser cambiadas. Uno de los componentes básicos del estado de derecho, es la legalidad, si esta se deja de cumplir y se hacen reformas a modo, algo no está funcionando.
Indudablemente nuestro sistema electoral es perfectible, pero hoy está funcionando, si se hacen reformas sin pensar en todas sus consecuencias, se corre el riesgo de un retroceso democrático. Hay que defender las instituciones que le han dado estabilidad a nuestro país y más allá de colores partidistas, de fobias y filias, trabajar en un análisis integral de lo que hay que cambiar. Que si hay reformas, estos cambios sean para avanzar y consolidar a nuestras instituciones, no para minarlas.
Consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.
Twitter: @omarortegasoria