Megaproyectos arriesgan a indígenas en 8 estados

El Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo a cientos de habitantes de comunidades indígenas de al menos ocho estados con las políticas extrativistas de despojo y privatización del agua y territorios que promueve a través de megaproyectos, denunciaron personas defensoras del medio ambiente.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y el Proyecto Integral Morelos (PMI) son algunos de los proyectos impulsados por la actual administración morenista que han traído conflictos socioambientales traducidos en agresiones, amenazas e incluso los asesinatos de 114 personas defensoras del medio ambiente en el último año, de acuerdo con datos difundidos por Grecia Eugenia Rodríguez Navarro, del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.

Las comunidades acusan el doble discurso del Presidente: por un lado dice apoyar a las comunidades indígenas, pero implementa estrategias como las consultas públicas irregulares para legitimar violaciones a sus derechos humanos.

Personas defensoras denunciaron en conferencia la contaminación del agua y el daño a la salud de miles de personas que se prevé si sigue construyéndose el aeropuerto en Santa Lucía, el Corredor Interoceánico, el PMI y proyectos mineros en Veracruz, Baja California, Zacatecas, Chiapas, Puebla y Chihuahua.

"El negocio de privatización del agua está siendo puesta en marcha por el Gobierno federal y los gobiernos estatales", denunció Rodríguez Navarro, quien acusa al Gobierno de Zacatecas por impulsar la construcción de la Presa Milpillas, que consumiría el agua del río Atenco para abastecer a mineras y al cervecera Grupo Modelo.