Nueva Ministra, viejas formas
La designación sin contratiempos de la nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fue sorpresa, al menos para los que están en el circulo cercano al poder presidencial. Al final, los pactos políticos se impusieron y seguramente la negociación incluyó posiciones en otro organismo jurisdiccional ya que días antes se votó el nombramiento de Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y quienes fueron propuestos, aunque con trayectoria en el ámbito judicial, se les considera cercanos a grupos políticos de sexenios anteriores.
Si los grupos de oposición en el Senado hubieran votado en bloque, ninguna de las candidatas que envió el Presidente de la República hubiera reunido la mayoría calificada para ser designada, sin embargo la elegida obtuvo más de dos terceras partes de los votos en la primera votación. La política se impuso y los pactos entre los grupos políticos siguen como en el pasado, las viejas formas siguen vigentes: un sector de la oposición negoció espacios de poder por los votos necesarios para que la favorecida por el voto de la fracción mayoritaria fuera electa sin contratiempos.
En la terna de mujeres figuraban dos altas funcionarias del gobierno federal Presidente y una candidata con una sólida carrera académica que, según simpatizantes de su candidatura, garantizaba la independencia necesaria en esa posición.
Hace semanas comenté en este mismo espacio que la importancia del nombramiento de la persona que ocupará una de las once sillas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que solamente se necesitan cuatro votos del Pleno para detener cualquier intento de declarar inconstitucional una ley. Si asumimos que los tres lugares que hasta ahora ha propuesto el Presidente votan en bloque, solamente se necesitará un voto más para que cualquier ley no sea declarada inconstitucional.
Dentro los cambios legales que se han venido implementando desde que entró en funciones esta legislatura, son muchos los que eventualmente se definirá su constitucionalidad en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Uno de los ejemplos más recientes tiene que ver con las modificaciones legales para equiparar el fraude fiscal con delincuencia organizada, que generaron oposición del sector privado y que seguramente terminarán discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La necesidad del gobierno federal de obtener recursos para financiar los programas sociales hizo que legislara una gran cantidad de cambios legales para endurecer las penas de aquellos que defrauden al fisco, sin embargo, organismos empresariales consideran que vulneran derechos de los contribuyentes. Todo este debate en algún momento se dará en el Pleno de la SCJN y será entonces cuando tendremos un punto de referencia para saber si las tres posiciones que se han nombrado en este año de gobierno votan en bloque en las declaratorias de inconstitucionalidad de leyes que son de interés del régimen.
Twitter: @jesusmenav