La detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, dice más sobre las condiciones que versa nuestro Estado de Derecho que sobre la detención en sí.
Si el extitular de la SSP federal estuvo coludido con el Cartel de Sinaloa ¿cómo es posible que la investigación y detención se genere en nuestro vecino del norte y no en el país donde el delito se consumó? Probablemente debido a la incapacidad, la falta de autonomía e independencia del ministerio público, así como el uso político de la procuración de justicia en nuestro país.
En los próximos meses sabremos qué tanto se sustentan las acusaciones en contra de García Luna, lo que sí podemos esperar es que en un sistema independiente y sólido las acusaciones tendrán un fondo y una estructura y el imputado tendrá la posibilidad de defenderse.
No es la primera vez que sabemos de acusaciones en contra del secretario más poderoso del sexenio de Calderón, como siempre lo malo estriba en que en nuestro país los dichos no lleven a sanciones o a la posibilidad de demostrar la propia honorabilidad.
Sea culpable o no, este caso nos enseña mucho. Por un lado, debemos recordar que Genaro García Luna es el padre de la Policía Federal, la otrora mejor institución de seguridad del país.
Además, García Luna fue el responsable de la disminución del secuestro durante los sexenios de Zedillo y Fox. La extinta AFI de García Luna fue una institución fundamental para combatir esos y otros fenómenos delictivos tanto en la capital, como a nivel nacional.
Algo que no debemos olvidar es que las acusaciones que pesan sobre la cabeza de García Luna nos refieren a un histórico modo de relacionarse de las autoridades de nuestro país con la delincuencia: acuerdos en lo obscuro para que la delincuencia opere, siempre y cuando no dañe al ciudadano común, es decir, la pax narca.
Lo cierto es que para grandes sectores de la sociedad la pax narca, no sólo es una opción sino debía considerarse la estrategia a seguir. La detención de García Luna muestra la inviabilidad de continuar por un camino que debilita todo el sistema de seguridad y justicia, y pone en riesgo la gobernabilidad y reputación del país.
Quien fuera el secretario más importante del sexenio de Calderón, el hombre que fabricó el caso en contra de Florence Cassez, hoy debe enfrentar un juicio que lo puede conducir al fin de su carrera.
Esperemos que las autoridades de nuestro país aprendan en cabeza ajena, que aprendan que el camino de la rectitud ante la ausencia de contrapesos y de rendición de cuentas, se pierde fácilmente; que en materia de seguridad abrazos, ayuda y amnistía no permite pacificar al país; que se requiere con urgencia un sistema sólido e independiente de procuración y justicia.
Si García Luna es culpable, que le sea aplicado todo el peso de la ley, si es inocente que se le permita demostrarlo; lo que será difícil, si le toca un funcionario dispuesto a fabricar pruebas y violar el debido proceso.
Twitter: @frarivasCoL