— Voltaire
Hubo un intento de madruguete. El gobierno trató de presentar en el Senado unas iniciativas para modificar, una vez más, el modelo de justicia; pero pronto volaron los cuestionamientos. En una reunión privada, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó recibir el paquete por falta de consenso. "Me acaba de hablar el presidente de la Corte para reclamarme que no se le tomó en cuenta y no vino el secretario de seguridad pública que estaba invitado. Mejor pónganse de acuerdo. no lo han consultado ni con Alfonso Durazo. Para tener el caldo de pollo hay que tener pollo".
Las propuestas del fiscal Alejandro Gertz Manero y el consejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer explican por qué no había consenso. Según la información disponible, las nuevas leyes desmantelaban el estado de garantías individuales, que ya ha empezado a desaparecer con medidas como convertir por decreto a empresarios en supuestos miembros del crimen organizado.
Lo que se conoce de las iniciativas que se querían presentar el 15 de enero justifica la marejada política. Se quitaban facultades a la Secretaría de Protección Ciudadana, lo cual explicaría la reticencia del secretario Durazo. Se proponía un Código Penal Nacional que desplazaba muchas de las facultades de los gobiernos de los estados; los gobernadores saltarían indignados y argumentarían, quizá con razón, que se violaría el pacto federal. Se proponía un tribunal especial judicial, independiente de la Judicatura Federal y nombrado por el Senado, lo cual sería inaceptable para los miembros de un poder que aspira a ser autónomo.
A mí en lo personal, sin embargo, me preocupan más las medidas que debilitan las garantías individuales. El proceso, tristemente, ya ha comenzado. Se están congelando las cuentas bancarias a quienes no han sido sentenciados. Se aplica la prisión preventiva oficiosa de manera cada vez más generalizada. Se descartan las garantías individuales de quienes son acusados de faltas fiscales. Olvidan nuestros políticos que castigar a alguien antes de juzgarlo es intrínsecamente perverso.
Pero ahora, las iniciativas del gobierno pretenden revivir el arraigo domiciliario, que la Suprema Corte ha considerado inconstitucional en varias ocasiones, y aplicarlo a todos los delitos. Esto significa que la autoridad podría privar de la libertad a cualquiera sin siquiera molestarse en presentar una acusación formal. Es algo que solo vemos en los regímenes más autoritarios. No me sorprendería que el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien siempre ha sido garantista, cuestionara una iniciativa que propusiera esto. La doctora Olga Sánchez Cordero, si recuerda sus posiciones cuando fue ministra de la Corte, tendría también que oponerse. Preocupa también la posibilidad de que las pruebas obtenidas de manera ilícita sigan siendo válidas en los procesos: hay que tener mucho cuidado de no legalizar prácticas como la tortura.
Entiendo la necesidad de contar con un mejor marco para combatir a la delincuencia. Pero la experiencia en los países con un verdadero estado de derecho nos demuestra que no es necesario violar las garantías individuales para reducir la delincuencia. De nada sirve tener un Estado muy eficaz en la lucha contra el crimen si el Estado se convierte en un violador sistemático de los derechos individuales.
La aprobación del T-MEC por el Senado de Estados Unidos es muy importante. Nos demuestra una vez más el bien que se puede lograr cuando un nuevo gobierno, en vez de destruir, construye sobre lo que había antes. Este es un acuerdo logrado por los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador frente a un Donald Trump que quería acabar con el libre comercio.
Twitter: @SergioSarmiento