Andrés Manuel López Obrador conoce mejor que nadie el poder mágico del lenguaje. Por eso se ha autoproclamado "presidente legítimo" de México a pesar de que, si algo tiene su presidencia, es la falta de legitimidad. Aunque afirma que su movimiento se debe a un fraude enorme contra la voluntad democrática de los mexicanos, él fue "electo" a mano alzada y como candidato único en una reunión de simpatizantes a la que, en otro juego de palabras, llamó "Convención Nacional Democrática".
Este pasado 20 de noviembre López Obrador tomó protesta de su cargo ficticio y juró cumplir y hacer cumplir las leyes que emanan de la "Constitución General de la República". Lo curioso es que no hay ningún documento que se llame así. La carta magna de nuestro país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero quizá no debería sorprendernos que el ex candidato recurra a estos juegos de palabras. ¿Cuántos años países como la República Democrática Alemana, que se caracterizaban precisamente por su falta de democracia, jugaron de este modo con las palabras.
Entre las propuestas de gobierno de López Obrador se cuenta una nueva Ley de Precios Competitivos que reglamentaría al artículo 28 de la Constitución (esta sí la "Política", la real) que prohíbe los monopolios. Lejos de buscar establecer un sistema de "precios competitivos", sin embargo, lo que busca López Obrador es regresar al sistema de control de precios que durante tanto tiempo existió en nuestro país y que tan malos resultados tuvo en la economía. Pero hasta en esto López Obrador ha entendido la necesidad de cambiar el sentido de las palabras.
Los precios tienen una función muy importante en la economía. Son el regulador natural y automático de la oferta y la demanda. Cuando se registra un desequilibrio, los precios se encargan de restablecer el balance. Si la oferta es superior a la demanda, los precios bajan reduciendo la primera y aumentando la segunda. Si la demanda supera a la oferta, los precios suben y promueven una mayor producción y una disminución de la demanda.
Los políticos populistas, aquellos que no saben cómo funciona la economía, piensan que pueden intervenir impunemente en estos delicados equilibrios. Así, por ejemplo, bajan por decreto los precios de los productos de primera necesidad. Pero si bien durante un tiempo pueden gozar de los beneficios del aplauso y los votos del pueblo, con el tiempo acaban con los incentivos de la producción y provocan una disminución de la oferta. El resultado es la escasez de los productos de primera necesidad y el surgimiento de un mercado negro en el que los precios alcanzan niveles muy superiores a los normales.
En México no podemos pretender que no sabemos que esto ocurre cuando se aplican controles de precios. El fenómeno lo hemos sufrido una y otra vez cuando nuestros políticos populistas, de los cuales hemos tenido muchos, han tomado el poder. Ahí están Luis Echeverría y José López Portillo para triste memoria. Y el resultado siempre ha sido el mismo: escasez, mercado negro y aumento de precios.
Es una lástima que López Obrador busque regresar a esta senda. Aun cuando bautice su iniciativa como "Ley de Precios Competitivos", el único mecanismo que propone es un control de precios. Uno podrá burlarse de su falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la economía. Pero la propuesta es tan peligrosa que no se puede dejar pasar sin advertir claramente cuáles serían sus consecuencias.
Quienes defienden los controles de precios argumentan que el mercado se puede equivocar. Y es verdad: el mercado se puede equivocar, pero siempre menos que los burócratas. El mercado tiene cuando menos mecanismos que le permiten corregir sus errores, mientras que los burócratas se empecinan en ellos hasta convertirlos en tragedias.
También afirman los defensores de los controles que los precios de los productos que consumen los pobres no se pueden dejar en manos del mercado. Pero la experiencia nos dice que si se entregan a los políticos, y éstos los fijan a conveniencia, el resultado será un desequilibrio entre la oferta y la demanda que desembocará en escasez o en mayores precios.
López Obrador tiene razón cuando afirma que es inaceptable que los consumidores mexicanos paguemos más que los de otros países por una amplia gama de productos y servicios. Pero la forma de evitar esto es eliminar las restricciones en la economía que generan estos altos precios. Si permitimos una mayor inversión privada en electricidad, por ejemplo, aumentaremos la oferta y reduciremos los precios. Pero si tratamos de imponer precios artificialmente bajos, se reducirá la oferta y aumentarán los precios o los productos básicos desaparecerán del mercado. Poco importará si llamamos a estos precios "competitivos".
DESIGUALES
Todos deberíamos ser iguales ante la ley, pero no lo somos. Los ciudadanos comunes y corrientes, por ejemplo, pagamos impuesto sobre la renta sobre nuestro aguinaldo, al igual que sobre cualquier otro ingreso. Pero los burócratas recibirán nuevamente 40 días de aguinaldo sin deducción por ISR. Un fallo de la Suprema Corte de Justicia determinó hace años que esta exención es ilegal porque rompe el principio de igualdad de todos ante la ley. Pero en México ni siquiera el Gobierno Federal se preocupa por cumplir la ley.