La cancillería mexicana, que en febrero de 2001 resolvió extraditar a España al ciudadano argentino Ricardo Miguel Cavallo para que sea juzgado en Madrid por delitos cometidos en su patria, negó en cambio la misma operación que afectaría a Lorenzo Llona Olalde que por lo mismo quedó anteayer en libertad, luego de cinco meses y medio de detención, pues había sido aprehendido por la justicia mexicana precisamente con fines de extradición.
Los casos son similares sólo en lo que toca al pedido español de extraditar a presuntos delincuentes que se hallaban en México. Pero entre ellos se abre un mar de diferencias, varias de las cuales explican el distinto parecer de la Secretaría de Relaciones Exteriores en una y otra situaciones.
La de Cavallo, actualmente bajo proceso ante el juez Baltasar Garzón, es bien conocida y por lo tanto basta apenas recordar que tras participar de modo activo y vesánico en la represión militar contra ciudadanos inermes en Argentina, durante el periodo 1976-83, se recicló como empresario próspero (a partir de bienes hurtados a sus víctimas) y llegó a México donde fue sorprendido cuando se ocultaba, como director de la empresa concesionaria del Registro Nacional de Vehículos. En las semanas recientes ha tenido que encararse con algunas de sus víctimas.
Porque las había y la circunstancia fue probada, el gobierno español solicitó la extradición y el de México la autorizó.
No hizo lo mismo en tratándose de Llona porque se trata de un ciudadano mexicano por naturalización y porque hay una prueba palmaria, inequívoca, de que se hallaba en su nueva patria cuando en la de su origen ocurrieron los acontecimientos por los que se le ha requerido. Es verdad que Llona Olalde llegó a México como exiliado político, en 1980. Pero establecido aquí, se apartó de la milítancia. Obtuvo la nacionalidad mexicana y se dedicaba tanto al trabajo como a la atención de la familia que con su esposa, mexicana, hoy lo rodea.
En febrero de este año lo visitaron en su domicilio en la ciudad de Zacatecas agentes españoles que le propusieron denunciar las actividades de miembros de Eta que, según esos policías que actúan aquí fuera de la ley, y la Procuraduría General de la República, se han refugiado en México y disfrazan su actividad terrorista en negocios públicos y pacíficos.
Como no accediera a proporcionar información de que carece (y supongo que lo mismo habría hecho si la poseyera) Llona fue aprehendido el 3 de abril y trasladado al Distrito Federal. El gobierno de España solicitaba su extradición para juzgarlo por su participación en un atentado ocurrido en Guipúzcoa en 1981. Dado que Llona no ha sido tocado con el don de la ubicuidad, y se encontraba en México y no en la península ibérica en la fecha del crimen, pudo probar documentalmente su inocencia. Al tener en cuenta esa definitoria circunstancia, y por considerar que sus garantías fundamentales sufrirían agravio, la cancillería determinó negar la extradición solicitada por el gobierno de Madrid.
El presidente José María Aznar no podrá torcer el gesto, contrariado por esta negativa, o al menos no lo hará de modo sincero. Hace apenas tres semanas, el 29 de agosto, su gobierno rehusó solicitar al gobierno de Buenos Aires la extradición de 40 militares argentinos detenidos ex profeso, y a los que la justicia local tuvo que liberar, con nueva frustración para los miles de argentinos que esperan satisfacciones por los crímenes y humillaciones perpetrados por esos miembros de las fuerzas castrenses que en su patria están protegidos por inhumanas inmunidades.
La detención de Llona, ahora liberado, formó parte de una batida que agentes españoles y la PGR han lanzado en México para reducir a un comando de presuntos etarras, un grupo de los cuales fue detenido el 18 de julio en la Operación Donosti, en circunstancias por completo ajenas a la formalidad legal mexicana. Entre las personas capturadas se hallaba una joven mujer, María del Pilar Sosa Espinosa. Como las artes de la indagación policiaca no forman parte de la panoplia de la PGR (he allí a sus sabuesos preguntando en septiembre a las autoridades bancarias por los movimientos financieros del cardenal Sandoval Íñiguez a partir de una denuncia presentada en mayo), el Ministerio Público no pudo acusar formalmente a los detenidos en el plazo legal y acudió a la tramposa figura del arraigo.
El 25 de agosto me referí aquí al caso de esta comerciante en material eléctrico que vio cómo se trocaba la buena suerte de haber surtido 180 tensores por un monto de 162 mil pesos en la infamia de quedar arraigada (es decir presa sin estarlo formalmente) mientras buenamente el Ministerio Público Federal podía fincarle responsabilidades. No pudo hacerlo y la semana pasada, el miércoles 10 de septiembre, la PGR le permitió irse.
Padeció esa privación ilegal de la libertad durante 49 días, al cabo de los cuales se le dijo “usted perdone”. No es una sagaz conspiradora que haya logrado confundir a los hábiles investigadores. Es sólo una señora que se gana la vida y sufrió la mala suerte de toparse con agentes mexicanos guiados por sus pares españoles en una investigación que sería risible —una divertida comedia de errores— si no entrañara graves violaciones a los derechos de las personas.
El gobierno de México debe hacer honor a su compromiso con la justicia internacional, y debe extraditar a los presuntos delincuentes que se le señalen. Pero ha de abstenerse de cometer atropellos.