La Fundación Heberto Castillo Martínez A.C. se ha deslindado del trabajo que como “testigo social”, y representada por el especialista David Shields, realizó en 2006 y 2007 para la Comisión Federal de Electricidad en la licitación de una planta de gas en Manzanillo. El deslinde, sin embargo, no se produjo cuando se presentó el testimonio que avalaba la transparencia y limpieza de la licitación ni cuando se cobró el honorario por el trabajo realizado. Todo parece indicar que el deslinde no proviene realmente de una insatisfacción con el trabajo de Shields. Es producto de la molestia de Andrés Manuel López Obrador ante un documento que avala la honestidad de una licitación que él está presentando como ejemplo de corrupción.
Laura Itzel Castillo, la vocera que ha descalificado en estos días el testimonio social de la fundación, es hija del ingeniero Heberto Castillo y también “secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda” del gabinete del “presidente legítimo”. Se trata, pues, de una subordinada de López Obrador. El primer deslinde, sin embargo, no provino de ella sino de su madre, María Teresa Juárez Carranza, viuda del ingeniero Castillo y apoderada legal de la fundación. El 1ro de marzo del 2008 esta última publicó una carta en el periódico La Jornada como respuesta a un artículo de ese mismo diario que describía a Shields como “defensor de la privatización de Petróleos Mexicanos”. La señora Juárez anunció entonces que la fundación ya no serviría como testigo social a la CFE. El testimonio social sobre la licitación de Manzanillo fue entregado a la CFE el 18 de septiembre del 2007 y se colocó en la página de Internet de la paraestatal tres días después. La fundación no cuestionó entonces el testimonio o la integridad de Shields; de hecho, poco después recibió y cobró los pagos correspondientes. Tuvieron que pasar cinco meses para que la señora Juárez argumentara en su carta a La Jornada que el señor Shields hizo “valoraciones personales contrarias a los principios y objetivos que dieron origen a esta asociación civil”. No aclaró, sin embargo, cuáles fueron esas “valoraciones personales”. Lo único que dijo en su carta es que: “La fundación no puede avalar la pretensión de privatizar el sector energético del país”.
No obstante, ni en su testimonio sobre la licitación de Manzanillo ni en sus muy abundantes trabajos académicos y periodísticos sobre el sector energético, que fueron la razón de que la fundación lo haya seleccionado como testigo social, Shields se ha pronunciado por la privatización del sector energético. La propia Laura Itzel lo sabe ya que conoce bien la trayectoria de Shields. Cuando menos en una ocasión colaboró con él en un artículo sobre el sector energético publicado en el suplemento Masiosare de La Jornada. El problema no surgió de un testimonio que no tocaba el tema de la privatización sino de la necesidad política de López Obrador de comprobar, a como dé lugar, un acto de corrupción que parece no haber existido. Es incorrecto que la CFE haya publicado en periódicos el testimonio de la fundación sin identificarse como responsable de la inserción. La CFE argumenta que esto fue un error, lo cual es difícil de creer; pero cuando menos sabemos que no hubo un intento de ocultarse: la contratación se hizo desde las oficinas de la CFE y desde ahí se pagó sin utilizar a alguna interpósita agencia de relaciones públicas. Pero independientemente de la inserción, lo fundamental es el contenido del testimonio. Shields no dice simplemente que le haya parecido correcta la licitación, sino que describe cada uno de sus pasos de manera que se pueda determinar si éstos fueron correctos o no. Ni la viuda del ingeniero Castillo ni Laura Itzel han señalado hasta este momento cuáles son a su juicio los puntos equivocados o deshonestos en el testimonio de Shields.
La colaboración entre la Fundación Heberto Castillo y la CFE no es nueva. En un testimonio del 7 de febrero del 2006 sobre una licitación de arrendamiento de helicópteros, Shields señala que el 10 de diciembre del 2002 la fundación y la CFE “firmaron un convenio de colaboración para promover la transparencia y fortalecer la integridad en procesos licitatorios”. Los testimonios, vale la pena señalar, no han sido simples carpetazos para aprobar las políticas de la empresa. En el documento del 7 de febrero del 2006, por ejemplo, Shields reitera una recomendación para descontinuar la práctica de arrendamiento de helicópteros y comprar una flotilla propia a pesar de que en 1999 la CFE tomó la “decisión política” de vender la que tenía. Es lamentable en verdad que hoy se pretenda cuestionar el juicio de un especialista como Shields por razones políticas. Más triste todavía es que se quiera poner en duda su honestidad simplemente porque López Obrador necesita comprobar un acto de corrupción.
BANCOS
La banca mexicana no ha recuperado todavía la dimensión que llegó a tener antes de la crisis de 1995. Sus activos son hoy de 2.9 billones de pesos contra los 3.2 billones (a pesos corrientes) de 1994. Su cartera total es de 1.7 billones contra los 2.9 billones de entonces. En donde hay una gran mejoría es en la cartera vencida, que es hoy de 43 mil millones de pesos contra los 439 mil millones de 1994. Sorprende que, pese a la introducción de tecnología, el personal ocupado de la banca haya pasado de 119 mil a 146 mil personas.