Pablo Vargas, valiente profesor de la Universidad Autónoma de Hidalgo, ganó hace dos semanas un juicio laboral a esa institución y se dispone a recomenzar el trabajo que realizó en ella durante 25 años. Se requieren convicciones y firmes y corazón bien plantado para buscar la reinstalación en un puesto donde seguramente continuará el hostigamiento que culminó con su despido el 3 de enero de 2006. Pero el doctor Vargas ha elegido, antes que una indemnización, reintegrarse “a la universidad en la que crecí, me formé y me desarrollé académicamente, misma que me ha brindado oportunidades y apoyos, a la que he dedicado y dedicaré mis esfuerzos, proyectos e iniciativas”, aunque sea claro que lo envolverá, además de la intolerancia que antes lo expulsó, el ambiente hostil generado por la derrota jurídica de una infamia laboral.
Al comenzar 2006, meses después de haber sido destituido de su cargo de coordinador de Ciencias Políticas del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la universidad hidalguense, Vargas fue forzado a salir de su oficina de investigador. Los móviles ocultos, la represión de que se le hacía objeto por su militancia política no eran para ser expresados, por lo que se le echó simplemente, sin justificar su despido en ninguna causa laboral. No podía haberla, por la entrega profesional de Vargas a su tarea, y porque su crecimiento académico ( cursó un posdoctorado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores) son señales de su asiduidad y dedicación. Por eso mismo, ni la dirección del sindicato al que pertenecía ni las autoridades principales quisieron abordar el tema y lo abandonaron. Lo más que logró saber es que se atribuía la responsabilidad de decidir su separación al director del Instituto, Adolfo Pontigo Loyola, “en cuyo proyecto no cabía” el doctor Vargas, por ser “comunista”.
El profesor despedido acudió en queja a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo y al Consejo Nacional para prevenir la discriminación, que no pudieron obtener una explicación racional sobre el despido. Por ello, Vargas demandó su reinstalación ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 26 de febrero de 2006. Quince meses después, el 7 de junio de 2006, ese órgano de la justicia laboral absolvió a la Universidad del despido injustificado y, todo lo más, la condenó a pagar una indemnización ridícula y ofensiva de poco menos de treinta mil pesos (29,251 pesos exactamente). Poco antes los abogados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo le habían ofrecido una negociación: setecientos mil pesos a cambio de zanjar para siempre el diferendo. Pero el académico apreciaba más su lugar de trabajo que la compensación económica y rechazó el acuerdo.
Vargas conocía desde que comenzó el juicio laboral la verdadera naturaleza de su despido. Era un castigo a su independencia política, a la demostración pública de una militancia contraria a la que, como pensamiento único, rige en esa institución. Para poner énfasis en la índole del despido, la Universidad contrató para representarla al abogado José López Daniel, habitualmente dedicado a los asuntos jurídicos de Gerardo Sosa Castelán, ex rector de esa institución y jefe de quienes lo antecedieron y sucedieron en el cargo. Era una clara señal del origen de la represalia en su contra, pues Sosa organizaba la campaña de Roberto Madrazo en Hidalgo. Quedó también establecida la desventaja de Vargas en el litigio cuando el presidente de la Junta, Andrés Navarrete , se negó a reconocer que, como profesor del instituto al que se demandaba, e integrante del grupo encabezado por Sosa Castelán, tenía un conflicto de interés. De las 43 pruebas ofrecidas por el despedido, la Junta rechazó 24 y en cambió basó su laudo en un papel sin valor documental ninguno en que presuntamente Vargas habría escrito estar “cansado del maltrato a mi persona y que mejor renuncio para ya no tener más problemas”.
Vargas inició el juicio de garantías contra el laudo al que entonces calificó como “infamia laboral”, y logró que el 29º. Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo lo amparara y ordenara a la Junta Local, el 31 de octubre de 2007, revisar ese fallo y emitir otro distinto. Socarronamente los miembros de la Junta acataron pero no cumplieron la orden del tribunal federal: emitieron otro laudo que dejó subsistente la absolución de la Universidad. El afectado tornó a la justicia federal y el propio tribunal número 29 amparó al quejoso, y el 7 de mayo, hace dos semanas, dispuso su reinstalación, que deberá cumplirse cuando la parsimoniosa Junta Local dicte la ejecutoria que haga cumplible la sentencia de amparo.
Cuando Vargas difundió los pormenores de su caso obtuvo cabal solidaridad de los más amplios círculos académicos, en los que se reconocen su solvencia profesional y su desempeño de creciente calidad. Innumerables comunicaciones en su favor fueron dirigidas al rector Luis Gil Borja que ni por eso depuso su actitud de lejanía acerca del tema, como si no le concirniera. La causa de su desinterés es su pertenencia al grupo de Sosa Castelán, actualmente diputado federal, secretario de la Comisión de Educación, y foco de la decisión contra Vargas. Es preciso que la comunidad académica que se interesó en el tema renueve su alerta para no dejar en la indefensión al doctor Vargas. Una vez reinstalado estará expuesto a toda suerte de riesgos que deben ser prevenidos para que no produzcan nuevas agresiones en su contra.