La drogadicción está presente en todos los niveles socioeconómicos, pero cada vez es más evidente que existe una fuerte relación entre las drogas y los ilícitos que se cometen, ya que el 70 por ciento de los internos del COOMI son adictos a alguna droga y en el Cereso el 85 por ciento.
La presencia de los enervantes en el estado se combate por las autoridades federales, estatales y municipales, quienes realizan acciones con las cuales se pretende detener a quienes comercializan con éstos.
En lo que va del año se ha reportado la detención de varias personas por delitos contra la salud, indicaba el jefe de la Policía Ministerial, Eulalio Aldama Enríquez, que en lo que va del año se han asegurado a más de setenta personas por estas causas y la Procuraduría General de la República también ha hecho aprehensiones.
Por su parte, en la Dirección Municipal de Seguridad Pública se han detenido en los últimos cuatro meses a 535 personas por drogarse en alguna de las calles de nuestra ciudad; en un recuento de un año a la fecha, son mil 691 los que han sido remitidos a los separos de dicha corporación por este motivo.
Pero las capturas no son la solución completa para este mal; la rehabilitación en los casos conocidos y la prevención son la otra parte que debe de tomarse en cuenta para detener y en su caso inhibir el crecimiento constante de esta enfermedad social.
El problema es la falta de seguimiento y atención para los detenidos por estas causas por los diferentes organismos policíacos del estado, ya que en su mayoría poco es lo que se hace para rehabilitar a los adictos a alguna droga.
En el caso de la Dirección de Seguridad Pública, se priva de su libertad a quien se drogue en la vía pública y por ello pasan un tiempo en celda, pagan su multa y no se les vuelve a ver, sino es que reinciden en su falta, pero la atención es casi nula, ya que la carga de trabajo para poco personal de área de servicio social de dicha dependencia no puede atender a todos los casos y darle un seguimiento a los que han sido detectados con este problema.
Mencionaba Juana María Tejada García, quien es trabajadora social de la DMSP, que faltan sitios en donde se pueda tratar adecuadamente a los que tienen este tipo de vicios, ya que los actuales son muy caros, como Korián, y los demás no son tan especializados.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia manda a todos los detenidos a recibir atención psiquiátrica a todos aquéllos que considera deben de ser atendidos por los daños que se han causado con este vicio.
Con respecto a la labor que realiza el Centro de Observación y Orientación para Menores Infractores, se reciben varios casos en que los infractores son remitidos por primera ocasión y el consejo decide dejarlos en libertad y entregarlos en custodia de sus padres bajo el compromiso de que se les llevará a al Centro de Integración Juvenil para recibir tratamiento.
El problema de nueva cuenta es el seguimiento, ya que no existe una coordinación real entre el CIJ y el COMÍ, por lo que los resultados o los avances en el sistema de curación no se conocen, permitiendo que los asistentes, si lo desean ,dejen de ir a las sesiones y no se les impone ningún castigo.
El otro punto, el de la prevención está más atendido por las instituciones de seguridad, ya que como se ha informado en El Siglo de Durango, tanto la PGR, PGJ, y la DMSP mantienen pláticas, cursos y visitas a escuelas para inducir a la ciudadanía y en especial a los niños a no caer presas de las drogas, así como evitar la comisión de delitos.
Al igual que las ventanas clandestinas, las autoridades trabajan por su cuenta, pero pueden hacer más si realizan sus actividades en conjunto para prevenir la drogadicción y atender a quienes ya son adictos.