En su campaña el presidente Felipe Calderón Hinojosa postuló como su principal propuesta la promoción del empleo, base y detonante del desarrollo nacional.Sin embargo en el cimiento de una política de empleo yacen otros fundamentos que se refieren a la gobernabilidad del país, que se concreta en seguridad jurídica y paz social y que redunde en garantías para la inversión sin cuyos presupuestos cualquiera estrategia que pretenda conservar y crear puestos de trabajo está condenada al fracaso.
Por eso resulta congruente la política del Gobierno Federal que da prioridad al combate a la delincuencia organizada y ocasional en aras de preservar la paz social y la estabilidad, puesto que resulta imposible la promoción del empleo y la productividad en un entorno en el que no existen suficientes garantías de gobernabilidad.
El combate al delito incluye los que se cometen al amparo de estructuras de toda índole, como es el caso de los hechos ilícitos que derivan de la actitud beligerante de la facción del Sindicato Minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia, que con acciones criminales de sabotaje pretende doblegar a las instituciones públicas en aras de mantener el control sobre los recursos económicos y humanos asimilados al gremio.
En su condición de autoexiliado en Canadá al amparo de organizaciones sindicales internacionales, el líder obrero controla un importante sector del sindicato minero y disputa la hegemonía con otras facciones de la propia organización y en tal escenario, en el Estado de Coahuila abre dos frentes de guerra en el seno de dos diversas empresas mineras en forma tal que afectan a la sociedad en su conjunto.
El primer caso ocurre en la mina Pasta de Conchos propiedad de Grupo México a dos años y meses de la trágica explosión que puso a Coahuila en el primer nivel de atención en las noticias nacionales. La mina, que permanece cerrada, estando atendida por personal de mantenimiento que conservaba trabajando equipos que por seguridad extraen el gas acumulado en las galerías y túneles subterráneos, hasta el mes pasado en que un grupo encabezado por presuntos familiares de las víctimas de la tragedia irrumpieron con el apoyo de la facción sindical que encabeza Gómez Urrutia, y en una acción sin precedentes en la historia reciente del país ocuparon por la fuerza y tomaron el control de las instalaciones a un costo social, económico e institucional incalculable.
Las familias de los trabajadores que murieron en la explosión, en su oportunidad, fueron objeto de atención por parte de autoridades y empresa; sin embargo, el carácter irreparable de la pérdida de vidas humanas y el dramatismo del accidente dio lugar a una criminal estrategia de lucha de clases y de confrontación con el Gobierno Federal que se ha mantenido durante más de dos años, con el pretexto de rescatar los cuerpos de las víctimas a sabiendas de que tal propósito no es posible.
El segundo caso ocurre también en el estado de Coahuila, en ocasión de que dirigentes sindicales afectos a Gómez Urrutia promovieron, en la planta Peñoles de la ciudad de Torreón, una escalada de paros parciales que tuvieron lugar la semana anterior, que culminarían el lunes pasado con un paro definitivo que finalmente fue abortado en virtud de que se impuso la cordura de la mayoría de los trabajadores de las secciones respectivas del sindicato, que sentando un precedente saludable y esperanzador para el futuro del sindicalismo mexicano, se rehusaron a obedecer la voz del líder en tan peligrosa y destructiva aventura.
En este último caso la movilización exige la liberación de dos líderes sindicales procesados por delitos patrimoniales implicados en la disposición en provecho propio o de su facción de dinero que la empresa les entregó para que fuera entregado a los trabajadores sin que lo hayan hecho, lo que ha dado lugar a una denuncia penal y a un juicio con relación al cual permanecen en prisión los inculpados.
Es evidente que si los dirigentes acusados del desvío de fondos están sujetos a un proceso en el que tienen a su disposición recursos que la ley les confiere para su defensa, resulta criminal que su causa se utilice como pretexto para suspender labores en una empresa cuya viabilidad se encuentra en riesgo con motivo de la crisis económica que azota a todo el planeta, como ocurre con una buena parte de la planta productiva nacional.
Con su actitud radical, la facción del sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia hace el juego al discurso extremista que considera a los empresarios enemigos de la sociedad y promueve su linchamiento, desalentando la inversión y provocando la pérdida de puestos de trabajo.
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