Buscando los caminos de la paz
El fenómeno de la violencia es muy complejo por su carácter multifactorial. Si bien se identifican causas estructurales que inciden en él, también las hay coyunturales o focales, las primeras que se originan a nivel sistémico como constantes arraigadas en las estructuras en que se basa la organización económica y política de la sociedad, como la desigualdad y su expresión en la pobreza, y en gran parte de este siglo, el narcotráfico.
La desigualdad es principalmente resultado del modelo de desarrollo económico que se establece en una sociedad, que para el caso de México ser una de las más desiguales de Latinoamérica se ha acentuado durante el llamado período neoliberal. Transitar de un Estado robusto a otro que se le redujeron sus funciones rectoras del desarrollo económico tuvo un enorme costo social, y también político.
El argumento a favor de ese adelgazamiento del Estado mexicano, de ser ineficaz y corrupto como administrador directo de riqueza no ha mostrado la diferencia del actual, privatizar la mayor parte de las empresas públicas no implicó que las privadas generaran el crecimiento económico que aumentara el empleo y redujera la desigualdad, por el contrario, la economía mexicana se convirtió en una fábrica de pobres y la riqueza se concentró en cada vez menos manos, se crearon o consolidaron grandes corporativos empresariales a la par de que el porcentaje de la población pauperizada alcanzó casi la mitad de la población total.
Los dos polos de la desigualdad social, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento de la mayoría de la población, son un ambiente ideal para que se cultive la violencia común pero también el crimen organizado. Vivir en un país en el que durante un año (2021) se presentan 94 homicidios diarios o 26.6 asesinatos por cada cien mil habitantes, de los cuales dos tercios están relacionados con la delincuencia organizada, no son una muestra que indique vivamos en un país en paz (Índice de Paz en México, 2022).
Revertir las causas estructurales de ambos fenómenos, la desigualdad con su lastre de la pobreza y la violencia asociada a ella, no es algo que se vaya a resolver en el corto o mediano plazo, sobre todo cuando se ha focalizado como sucede en los estados donde esa violencia fue más acentuada (en 2020 Guanajuato, Chihuahua, México, Baja California Michoacán, concentraron el 46% de los asesinatos de este tipo, a los que recientemente se agrega Zacatecas). Requiere un esfuerzo mucho mayor que combatirlo directamente con las fuerzas de seguridad del Estado, ya que como dice Valdés Castellanos en su libro sobre la Historia del Narcotráfico, solo en recuperar la cadena de seguridad y justicia capturada por el narcotráfico, implica un gran esfuerzo.
Revertir la desigualdad social implica cambiar el modelo de desarrollo económico del país, inevitablemente el Estado tiene que regular las actividades donde las fuerzas del mercado (las corporaciones privadas) se han centrado en promover el crecimiento económico sin considerar los aspectos sociales y ambientales, ya que hay que incluir también estos como sucede con las empresas extractivas de recursos naturales que abusaron del poder económico que adquirieron, como ocurre en nuestra región con el agua, sometida a una crisis de abasto para la población sin mencionar los miles de afectados en la salud.
Los caminos para reducir la violencia no son, por tanto, fáciles, más bien sinuosos, hay una madeja de intereses de todo tipo que han capturado no solo a instituciones del Estado mexicano, sino espacios propios de la sociedad, como sucede en el tejido social comunitario en colonias populares y ejidos. Debemos reconocer que el modelo de desarrollo económico neoliberal contribuyó significativamente a que se formaran esos intereses, de modo tal que el problema de la violencia se ha convertido en una realidad sistémica y que como tal debemos buscar transformarla todos, explorar los posibles caminos para alcanzar la paz.
En México no solo han sufrido la violencia los ciudadanos comunes que caen en ese entramado sistémico, también periodistas, activistas sociales y ambientales, sacerdotes. El reciente crimen de los prelados jesuitas en la Tarahumara ha provocado una reacción al interior de la iglesia católica de involucrarse en la búsqueda de esos caminos por la paz, esfuerzo importante por la influencia que tiene en la población, Que los ciudadanos profesemos ese credo religioso u otros, o no profesemos alguno, seamos de un estrato social u otro, de una filiación política u otra, no nos impide para sumarnos a dicha iniciativa de caminar por la paz y vida digna. Hay que hacerlo, esta es una opción, con el tiempo iremos encontrando otras.