¿Desquiciado o autoritario?

El presidente Andrés Manuel López Obrador cada día demuestra que está más lejos de ser una persona, en tanto en los hechos demuestra que es una más cercano a ser uno más del clan político común mexicano.

A 9 días ya de la nueva desgracia ocurrida en la mina de carbón mineral denominada El Pinabete en el municipio de Sabinas, Coahuila, el primer mandatario del país, fiel a su instinto político, se apersonó apenas unos instantes en el lugar de los hechos el pasado domingo, supuestamente para supervisar personalmente las labores de rescate, que para ese día se limitaba la desagüe de la mina súbitamente inundada, y para acompañar un momento a los familiares y amigos de los 10 hombres que permanecen en el fondo de ese pozo de extracción que desafortunadamente, para el día de hoy, las esperanzas de encontrarlos con vida están casi disueltas.

La gira exprés presidencial a región carbonífera coahuilense en realidad poco tenía que ver con el pretexto de la supervisión. El licenciado López Obrador vino al estado de donde son oriundos Madero y Carranza (el primero reconocido por el propio Andrés Manuel como prócer; por ello es parte de las efigies que conforman el logotipo de lo se hace llama el gobierno de la Cuarta Transformación) porque estamos a menos de un año de las elecciones para renovar la gubernatura de Coahuila y que junto con el Estado de México (Edomex) constituyen los dos comicios electorales que se celebrarán en 2023 y que, por mero calendario, son la antesala de la elección presidencial del 2024.

Como es en el mundo político conocido, Coahuila es hoy por hoy el gran bastión del Partido Revolucionario Institucional, y la silla grande ( la que ocupa hoy el lagunero Miguel Ángel Riquelme Solís) estará en juego, por lo que esta tragedia minera fue una oportunidad para hacer presencia presidencial en la región y apoyar con su propio capital político que aún en inmenso, la posición de su partido Morena que en las encuestas de preferencia electoral hoy por hoy, arrojan un resultado por lo menos alentador para los guindas ya que su posicionamiento frente al propio PRI, si bien es segundona, la distancia es corta.

Es por ello que el Presidente se dejó ver en esta ocasión como político ordinario, que es capaz de aprovecharse de una situación trágica como la de las familias de estos mineros que yacen a más de 60 metros en un túnel de la fallida mina, en aras de sacar raja política de cara a unas elecciones que él sabe que su partido no la tiene nada fácil. López Obrador ha hecho lo que otros tanto en el pasado y el propio presente en otras partes.

Por si fuera poco, esta semana en una de sus mañaneras, informó que publicará un acuerdo - que querrá decir decreto- en el cual por su voluntad y apelando a sus facultades legales, la Guardia Nacional pasará a depender absolutamente de la Secretaría de la Defensa Nacional para deslindarla de la Secretaría de Seguridad, transgrediendo abiertamente el orden constitucional donde claramente, en su artículo 21, la Carta Magna indica con claridad que la Guardia Nacional será un cuerpo de carácter civil.

Si el Presidente piensa que es mejor que la dichosa Guardia Nacional dependa del Ejército, bien sabe que el camino legal para hacerlo es a través de una reforma constitucional, para la cual no cuenta con los votos suficientes en ambas cámaras ( la Cámara de Diputados y el Senado de la República ) para alcanzar una mayoría calificada, necesaria para una enmienda a la constitución, pero en vez de eso, decide que vía decretazo modifica una estructura que la ley suprema le impide hacerlo de tal forma, pero de hecho lo puede llevar a cabo mientras llegan los recursos legales pertinentes al Poder Fudicial federal, léase la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definiría si el "acuerdo" presidencial es suficiente para que la Guardia Nacional dependa formalmente de los militares.

Aunque el dignatario federal aclaró que, a la par de su acuerdo, buscará también la reforma constitucional tal como lo marca la ortodoxia, con tal de que sus sucesores no tengan fácil desmantelar lo que él cree que es lo mejor "para el pueblo".

Claramente el Presidente da más muestras de desquiciamiento o, en su caso, de autoritarismo. Vía democrática, se pueden desmantelar, modificar, crear o desaparecer instituciones y leyes, tal como él lo ha hecho con la ley en la mano respecto a algunas reformas estructurales que se llevaron a cabo el sexenio pasado. ¿Qué le da derecho a impedir que la sociedad elija otra opción política en el futuro que también cambie sobre algunos lineamientos que se han establecido en este gobierno? Nuestro Presidente, además de demostrar cada vez ser una persona común, muestra, para mal de México, su cariz autoritario o, peor aun, hasta desquiciado.