Ni una más

Cuando hacemos un balance de lo que nos ha dejado la pandemia en estos años es inevitable pensar en temas económicos y más puntualmente en la cantidad de empleos perdidos, preocupa pensar en las familias que se quedaron sin ingresos y en aquellas empresarias y empresarios que se vieron obligados a cerrar sus negocios por la falta de recursos. También nos duele pensar la cantidad de vidas cobradas y se recrudece el sentimiento cuando conocemos historias de personas que no pudieron atenderse adecuadamente ya sea por la insuficiencia de los servicios de salud o simplemente por el desconocimiento en el proceso de atención oportuna.

Sin embargo, la importancia de la salud mental también debería ser una prioridad en la agenda. Antes de que llegara el Covid-19 a nuestras vidas, era prácticamente nula la infor-mación que existía en las conversaciones diaria sobre problemas de padecimiento común entre las y los mexicanos como la depresión y ansiedad. No obstante, la pandemia nos ha dejado una lección clara: la demanda de atención y recursos para tratar la salud mental es una obligación que deben adoptar, sí o sí, todos los gobiernos de cualquier orden.

El principal problema al respecto es que los padecimientos mentales han sido estigmatizados durante décadas en la sociedad, que una persona aceptara que vivía con depresión era equiparable a decir que vivía "siempre triste" y el "échale ganismo" que menciona Rivera en sus artículos al respecto, se hacía presente como si la falta de ganas de salir adelante o de vivir fuera la causa principal de este mal.

Los padecimientos mentales hoy en día deben reconocerse como una responsabilidad prioritaria en los sistemas de salud pública, ya que las restricciones que aún existen para evitar la propagación de contagios han potenciado la cantidad de pacientes en todas las latitudes del orbe.

Durante más de un año las niñas, niños y adolescentes permanecieron encerrados en sus hogares sin la oportunidad de un espacio digno donde convivir y sin compañeros para desa-rrollar sus habilidades sociales; lo anterior, sin lugar a dudas, ha generado que desde tem-prana edad esta generación se verá marcada al igual que personas de la tercera edad y los padres y madres de familia que vivieron el estrés diario causado por la incertidumbre laboral y la sobreexposición de ellos y sus hijos al vasto mundo del internet.

Al mismo tiempo, una gran cantidad de jóvenes truncaron sus estudios en busca de una oferta laboral -escasas de por sí- para contribuir a la economía de la casa y lo peor es que, en muchos de los casos, sin éxito por la paralización de prácticamente todos los sectores de la economía.

Despedir antes de tiempo a familiares y amigos caló hondo en miles de senos familiares, lo cual también tuvo repercusiones en la calidad de vida de los integrantes de la misma. En algunos casos, la muerte de las y los proveedores del hogar desembocó en problemas que aún siguen sin poderse resolver.

Ante un panorama como el anterior, ¿qué están haciendo los gobiernos? Como lo menciona Pedro Kumamoto, es urgente que en los espacios de discusión política comencemos a ha-blar en serio acerca de las acciones concretas que pueden tomarse, desde todos los niveles y ramas del gobierno, para cuidar la salud mental de la población. La salud mental debe re-conocerse primero como un problema público, un asunto de todas y todos; como un compo-nente esencial de la salud pública y como un derecho.

En Durango van más de 70 suicidios en lo que va del año, es decir, no se le ha puesto la atención que merece. Y cómo vamos a ver resultados si el gobierno gasta más en imagen institucional que en cuidar y prevenir los padecimientos mentales de su población. Actual-mente la cobertura pública para quienes necesitan acudir a terapias de atención psicológica es mínima, sin menospreciar de ninguna forma los esfuerzos que realizan dependencias como el Instituto de Salud Mental y el Instituto Estatal de la Mujer, necesitamos que se diseñen políticas públicas transversales para construir un sistema de atención más amplio.

Personal médico, de seguridad pública, docentes, padres de familia y todos quienes están expuestos de manera cotidiana a situaciones de contacto con la sociedad civil deben estar capacitados en la materia. No podemos permitir que se pierdan más vidas por no estar ahí, ni una más.

@eduardguezh