Nueva suspensión contra el Tren Maya
El Juez Primero de Distrito con residencia en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, otorgó una segunda suspensión definitiva contra las obras del tramo cinco del Tren Maya.
Se trata de una suspensión a favor de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, cuyos integrantes interpusieron una demanda de garantías el 5 pasado de abril.
La organización solicitó detener los trabajos al impugnar los permisos, autorizaciones, así como la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el tramo cinco del Tren Maya, que corre de Cancún a Tulum Norte.
Tras conceder la suspensión, el juez Novelo Pérez programó la audiencia constitucional para el próximo 5 de agosto, fecha en la que resolverá si le concede el amparo definitivo a la asociación civil.
En la misma materia, se prevé que, en breve, el mismo juzgador determine si el Gobierno Federal violó la suspensión definitiva que le otorgó a habitantes del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, al reiniciar las obras del tramo cinco, luego de que el Tren Maya fue declarado proyecto de seguridad nacional. Dicha resolución podría hacerse pública este martes.
ACUSA CAMPAÑA
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el decreto por el cual la construcción del Tren Maya se declaró como obra de seguridad nacional, lo que impide que haya más amparos para frenar la obra.
En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador denunció que así se determinó porque hay una campaña para atorar los trabajos que está siendo financiada, aseguró, por Claudio X González.
"Hay una campaña para parar la construcción. Fíjense, tenemos todas las anuencias de los predios, de los propietarios, y lo que hay son grupos de la llamada sociedad civil financiados por Claudio X. González y asociaciones del extranjero, esto es una violación flagrante a nuestra soberanía, una actitud injerencista, y eso no se puede permitir", aseveró.
El presidente López Obrador dijo que ya está acostumbrado a ir contra corriente y contó que cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo multó con mil 810 millones de pesos, derivado de un acto de corrupción que involucró a funcionarios públicos.