Durango

CONGRESO DEL ESTADO

Piden sancionar el 'favoritismo'

Pendiente. La iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones legislativas correspondientes, para determinar su procedencia.

Pendiente. La iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones legislativas correspondientes, para determinar su procedencia.

JUAN M. CÁRDENAS

Una iniciativa de reforma al Código Penal Federal busca incluir los apoyos de programas sociales dentro de las causas por las que los funcionarios públicos puedan ser sancionado al obtener, para sí mismo o para sus familiares cercanos, un beneficio ilegal.

"El decidir de forma arbitraria, ilegal e improcedente para el acceso de ciertas personas cercanas, familiares o conocidos a beneficios patrimoniales o económicos, solo por el hecho de que un servidor público se encuentre en una situación de privilegio en alguna dependencia, resulta en una práctica que perjudica la vida pública de toda la sociedad", señaló la diputada local Teresa Soto Rodríguez.

Al explicar su iniciativa, comentó que la aplicación efectiva y legal de los recursos que se destinan a los programas de ayuda en beneficio de sectores vulnerables, en algunos casos se ha distorsionado para llegar a convertirse en prácticas de un clientelismo político.

"Todo servidor público debe prestar su trabajo con un interés de beneficio general, ya que para ello se le coloca en un puesto en específico que se debe ejercer de la manera más transparente y profesional.", aseveró la legisladora panista.

Por ello, dijo que controlar o manipular los beneficios que deben llegar a la población a través del favoritismo, es una conducta que claramente atenta contra los intereses de quienes verdaderamente los requieren, pero también, atenta contra la verdadera razón para la que fueron creados o destinados, lo que perjudica a todos los implicados y a la comunidad en general.

"El mal uso que se llega a realizar sobre recursos que se deben hacer llegar a grupos vulnerables, debe ser motivo de sanción ejemplar, sobre todo para los funcionarios públicos que tengan acceso al manejo de dichos recursos", consideró durante la sesión de la Comisión Permanente.

Agregó que lo anterior da como resultado que se presenten situaciones que no son compatibles con el abatimiento de la pobreza y el progreso real de las personas a las que se destinan los programas sociales.

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