Sequía

Impasible, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha dejado actuar con libertad plena a miles de titulares de concesiones de aguas nacionales en todo el territorio del país, al que prácticamente han convertido en su centro de poder económico, constituyéndose como los intocables millonarios del agua. Grandes concesionarios han penetrado tanto la burocracia hídrica, como agrandado innumerables hidro-mafias en las cuencas, y su labor no sólo lleva la voz cantante en materia de agua, por encima incluso de la Ley de Aguas Nacionales, sino que incurren en constantes excesos que la dirección general no ve ni escucha. Ahora, los titulares de concesiones de aguas nacionales, sobre todo de los usos industrial y agrícola, deberán ceder a terceros el líquido de manera provisional, para garantizar el abasto de agua a la población en sitios que presenten condiciones de sequía severa, extrema o excepcional de acuerdo al Monitor de Sequía de México o que presenten una disminución en sus fuentes de abastecimiento para uso público-urbano, conforme a lo establecido en el acuerdo de la Conagua de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía en cuencas para el año 2022 publicado el 12 de julio en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sucederá?

Al 30 de junio, el 25.89 por ciento del territorio nacional estaba en sequía de severa a excepcional por falta de lluvias.

Entre los estados que tienen sequía extrema, se encuentran en su mayoría los del norte del país: Sonora, Baja California, Chihuahua y Coahuila, mientras en sequía severa están Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí y Sinaloa.

Casi siete de cada diez municipios no cuentan con todo el líquido que necesitan, y destacan ciudades grandes como Monterrey y Mexicali.

En Coahuila, 36 municipios padecen sequía de severa a extrema. En Durango, 23.

La Laguna registra sequía de severa a extrema y excepcional.

La declaratoria de emergencia comenzó el 13 de julio.

Los concesionarios deberán establecer medidas preventivas y de mitigación de la sequía previstas en el Programa del Consejo de Cuenca que les corresponda, según indica el acuerdo de la Conagua.

El instrumento que permite tener el marco jurídico y legal para implementar medidas preventivas y de mitigación, apunta que tratándose de los usos industriales y agrícolas, la autoridad del agua verificará que los volúmenes que se transfieran o cedan temporalmente se entreguen directamente a la red de distribución en coordinación con el organismo operador, en tanto subsista la emergencia.

Entre las medidas transitorias, el acuerdo establece la limitación temporal a los derechos de agua existentes, a través de la reducción provisional de volúmenes a los usuarios de las cuencas que se encuentren en condición de sequía severa, extrema o excepcional, con el fin de abastecer agua para uso doméstico y público urbano a las poblaciones que se encuentren sin líquido.

La actual Ley de Aguas Nacionales fue promulgada en 1992, de cara a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La función principal de esta ley fue reemplazar las complejas formas de tenencia del agua en el país con un sistema único de concesiones libremente transferibles, a ser otorgadas masivamente "en orden de solicitud" por la Conagua, autoridad central sin mecanismos de revisión pública ni contrapesos.

Bajo la Ley de Aguas Nacionales, a lo largo de los años noventa, la Conagua empezó a otorgar masivamente concesiones a largo plazo (30 años para empresas, 10 años para pequeños productores) para todos los pozos y tomas existentes, supuestamente en orden de solicitud, sin importar la existencia de 344 vedas de aguas superficiales y 146 de aguas subterráneas, ni la falta de disponibilidad o la prelación de usos, ni si los volúmenes solicitados correspondían a los realmente utilizados.

Funcionarios de la Conagua, desconcertados, empezaban a referirse a los "pozos fantasma" de las grandes empresas que estaban especulando con el agua.

Inmediatamente emergió un vigoroso mercado de concesiones el cual, según las intenciones de la Lay de Aguas Nacionales, iba a permitir que el agua quedara en manos de los sectores y empresas más productivas y rentables.

Además de las concesiones, la Conagua asignó enormes volúmenes de agua a las comisiones estatales y organismos municipales.

Cuando la Conagua realizó sus primeros estudios de disponibilidad en 2003, descubrió que había otorgado concesiones en exceso a los volúmenes disponibles en 102 acuíferos y 100 cuencas.

Para el 2015, se había otorgado 500 mil concesiones, incluyendo 5.6 trillones de litros anuales de aguas subterráneas y 17 trillones de litros anuales de aguas superficiales en exceso a su disponibilidad.

Seis de cada diez mexicanos dependían por su agua de acuíferos sobreexplotados.

Y gracias al libre mercado de concesiones, el 70 % de las aguas nacionales concesionadas estaban en manos de sólo 7 % de los concesionarios.

Las reservas de agua habían sido sobre-concesionadas.

@kardenche