Antidoping y el síntoma de la opacidad en el municipio de Durango
En la administración pública, la transparencia no debería ser una opción, sino una obligación. Sin embargo, la reciente propuesta del regidor morenista Jorge Silverio Álvarez para que los regidores, el alcalde y otros funcionarios municipales de Durango se realicen pruebas toxicológicas devela una preocupante resistencia dentro del gobierno capitalino.
Aunque la medida fue aprobada por mayoría en el Cabildo, el secretario del Ayuntamiento, Bonifacio Herrera Rivera, se apresuró a matizar que no se puede obligar a nadie a someterse a dicho examen. ¿Por qué tanto temor a una prueba que, en teoría, no debería generar preocupación en quienes aseguran ser servidores públicos íntegros?
No es la primera vez que Silverio Álvarez impulsa esta iniciativa. Hace dos años, ya había propuesto la realización periódica de exámenes antidoping para los funcionarios municipales y los integrantes del Cabildo. Ahora, nuevamente, se enfrenta a la misma resistencia, incluso recibiendo llamadas pidiéndole que retirara el punto de acuerdo.
El argumento principal es que dicha medida vulnera derechos humanos además de ser inconstitucional, aunque el propio regidor señala que encontró respaldo en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Más allá de la legalidad de la propuesta, lo que debería llamar la atención es la burda actitud de quienes se oponen a ser sometidos a la prueba toxicológica.
No se trata de una persecución ni de una medida punitiva; al contrario, es una acción que busca garantizar a la ciudadanía que sus representantes están en condiciones óptimas para ejercer su función. El regidor lo ha planteado con una visión incluso solidaria: si alguien resulta positivo, se le brindaría apoyo para su rehabilitación.
Es cierto que la privacidad es un derecho fundamental, pero cuando se trata de la función pública, la rendición de cuentas debe prevalecer. En un contexto donde el consumo de drogas es un problema creciente y donde los servidores públicos son modelos para la sociedad, la transparencia es clave. Más aún, cuando la propuesta no representa una carga presupuestal significativa.
El rechazo a esta iniciativa genera sospecha. ¿Qué motiva la negativa de algunos funcionarios a realizarse un examen que debería ser rutinario en cualquier administración comprometida con la transparencia? La ciudadanía merece representantes sanos física y mentalmente; con credibilidad. Oponerse a una medida tan simple solo genera dudas y refuerza la percepción de opacidad en el gobierno municipal de Durango.
Someterse o negarse al antidoping no es solo un asunto administrativo, es un reflejo del compromiso -o la falta de él- de los servidores públicos con la rendición de cuentas. La transparencia no puede ser selectiva ni negociable. Quienes realmente no tienen nada que ocultar no deberían temer a una simple prueba para demostrar que están en pleno uso de sus facultades.
EN LA BALANZA.- Por una decisión administrativa miope y una ganancia mínima de menos de 20 mil pesos, Nombre de Dios puso en riesgo su denominación de Pueblo Mágico. La colocación de un cajero automático moderno en pleno centro histórico es una muestra de la falta de visión y compromiso de las autoridades de aquel municipio con la preservación del patrimonio cultural. Mientras otras localidades se esfuerzan por conservar su identidad y acceder a recursos para mejorar su oferta turística, aquí se compromete el futuro del municipio por una suma insignificante.
CERROS SECOS Y PELONES... Al Hospital General de Gómez Palacio, si no le llueve, le cae el diluvio. Una fuga de ácido clorhídrico registrado ayer en el nosocomio expuso la falta de protocolos adecuados en el manejo de sustancias peligrosas. Si bien la respuesta de emergencia evitó daños mayores, es preocupante que un incidente prevenible haya puesto en riesgo a pacientes y personal. La supervisión y almacenamiento de estos químicos deben reforzarse para evitar futuras contingencias que comprometan la seguridad hospitalaria.
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