¿De cuánto es la pena por usar título y cédula profesional falsos?
Una mujer identificada como Vanessa fue vinculada a proceso recientemente en Durango tras comprobarse que presentó un título y una cédula profesional apócrifos para desempeñar funciones en una institución federal, lo que constituye un uso indebido de documentos para acceder al cargo.
Hechos del caso
Durante la audiencia inicial, el juez federal valoró los elementos aportados por la Fiscalía y determinó que existían indicios suficientes para continuar el proceso penal en su contra. La acusada habría ingresado documentación falsa que certificaba que era “licenciada en Derecho”, supuestamente para ejercer funciones profesionales dentro del ámbito público.
El delito que se imputa es el de ejercicio ilícito del servicio público, al usar documentos apócrifos para ocupar funciones sin cumplir requisitos legales. 
El hecho no es aislado. En Durango, en un procedimiento abreviado, una persona fue sentenciada a dos años y ocho meses de prisión por uso de documentos falsos.
¿Qué le puede esperar?
Si el juez considera la falsificación de documentos públicos como delito grave, podría condenarla dentro del rango elevado del código estatal. Dado que en Durango ya existe precedentes de sentencia de más de dos años por uso de documentos falsos, es posible que la pena imponible rondara entre 2 y 5 años de prisión, más multa, dependiendo de la gravedad y circunstancias específicas del caso.
En escenarios más moderados, considerando atenuantes, podría reducirse hacia el mínimo del rango aplicable en el estado.
Este caso en Durango subraya la gravedad con que el sistema de justicia trata la presentación de documentos falsos, especialmente cuando se involucra la función pública. El acto no solo es una brecha legal, sino también un desafío a la integridad de las instituciones.
Para la ciudadanía, la lección es clara, siempre verificar la autenticidad de los documentos profesionales y favorecer mecanismos de validación oficiales. Las autoridades locales también deben fortalecer controles internos y sanciones disuasorias para evitar que se repitan casos similares.