Al cuarto para las doce
El próximo martes arranca un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. Aunque desde hace algunas semanas parecía que solo faltaban consensos para la postergación de la elección del Poder Judicial, la agenda pública provocó que se incluyeran dos temas adicionales: la intervención de gobiernos extranjeros en elecciones y la fiscalización de candidaturas que puedan estar vinculadas a actividades ilícitas. Vamos por partes.
El primer tema es la reforma constitucional al Poder Judicial. Aquí solo se esperaba la iniciativa presidencial, hecho que ya aconteció y detonó el procedimiento derivado de la cercanía del inicio del proceso electoral. Como se ha venido diciendo, su planteamiento central es aplazar la segunda etapa de la elección judicial de 2027 a 2028, armonizar fechas con las entidades federativas y abrir la puerta a que la revocación de mandato coincida con las jornadas ordinarias, bajo un argumento de eficiencia y ahorro presupuestal. La iniciativa retoma diagnósticos técnicos del INE, que advirtieron la inviabilidad operativa de empalmar la jornada intermedia de 2027 con una elección judicial de gran escala. Todo parece indicar que será aprobada sin contratiempos; sin embargo, poco se ha explorado el impacto particular que tendría para Durango.
En 2028, además de la eventual revocación de mandato federal, la entidad tendrá elecciones de gubernatura, de ayuntamientos y, ahora, la elección judicial tanto federal como local. Es decir, la reforma empieza a construir una tormenta perfecta para la organización y la logística electoral de aquel año. El segundo tema, del cual aún no se conoce la redacción exacta de la iniciativa, propone crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE. Esta servirá de vínculo entre las autoridades de seguridad e inteligencia y los partidos que voluntariamente decidan participar, con el objeto de detectar riesgos razonables de vínculos con la delincuencia organizada antes del registro formal, bajo estrictas reglas de confidencialidad y reserva. Indudablemente, el crimen organizado ha sido un factor de presión e influencia en los procesos electorales; sin embargo, dotar de esta nueva facultad a la autoridad electoral podría generar riesgos inéditos y saturar al INE con una carga que originalmente no le corresponde, por lo que será crucial desmenuzar los detalles de la propuesta.
La última cuestión corresponde a las iniciativas suscritas por el diputado Monreal para incorporar la intervención extranjera como una nueva causal de nulidad de elecciones. En un contexto regional donde se ha documentado injerencia política, tecnológica y comunicacional, esta causal busca blindar la soberanía del proceso democrático. No obstante, el reloj es implacable. Dado que la veda constitucional obliga a que cualquier modificación legal sustantiva esté publicada a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral, la ventana de maniobra se reduce a poco más de dos semanas.
Al cuarto para las doce, lo que muy probablemente ocurrirá es que se modifique el calendario judicial para evitar el colapso de los órganos electorales, mientras se debate la viabilidad de contener el riesgo de candidaturas contaminadas y la injerencia externa. Sin lugar a dudas, la velocidad legislativa no debe sustituir la calidad del debate. ¿Tendremos un periodo extraordinario que privilegie la deliberación pausada o uno que se rinda por completo a la urgencia del calendario, sobre todo tratándose de temas tan trascendentales?
X: @omarortegasoria