A Sistir a la Cumbre de las Américas donde, entre otros temas, se debatirá el sentido actual de la política antidroga y hablar, ahí, con la investidura del mandato ensangrentada no es -ni debe ser- timbre de orgullo, sino de vergüenza.
Todavía hay quienes creen que exponer, ahí, el esfuerzo realizado con el inventario de detenidos, droga decomisada así como armas y vehículos asegurados puede, además de aterciopelar el tamaño del fracaso, concitar el aplauso a la firmeza y la valentía mostrada. Pero aun echando mano de ese recurso, resultará inocultable que detrás del argumento se apilan 50 mil muertos -tantos como soldados fuera de los cuarteles- y un país harto de sufrir el derrame de esa guerra sobre su integridad, seguridad y patrimonio así como en el modo de su convivencia.
El punto delicado es que, tanto dentro como fuera del país donde la tragedia no acaba de tocar fondo, la estrategia adoptada, lejos de encontrar eco, se advierte cada vez más sola... necia ante la imposibilidad de su victoria. Por eso, resultará importante conocer la postura de Felipe Calderón que, al parecer, afina el oído sólo ante el sonar de los tambores, los fusiles y el toque de silencio.
Como un credo irrenunciable, a lo largo de ya casi medio siglo se combate al narcotráfico en América Latina a partir de un enfoque policial-militarista.
Los resultados de esa estrategia hacen evidente que el supuesto propósito de abatir la producción, el tráfico y el consumo de drogas lejos está de alcanzarse. La droga se produce, se trafica y se consume más que antes, mientras las instituciones de seguridad y justicia se debilitan o corrompen al tiempo que colocan en un predicamento a otras instituciones políticas o de gobierno y, de paso, deshilan el tramado de las relaciones sociales, en un marco de civilidad. Violencia y corrupción constituyen el sello de ese enfoque.
La insistencia en mantener esa estrategia causa, de pronto, la impresión de responder a una forma de regular el mercado de la droga y de las armas y de seguir las directrices dictadas desde los grandes centros de consumo de droga y producción de armamento. En el continente americano, Estados Unidos principalmente. La insistencia en mantener esa estrategia causa la impresión de responder a la idea de administrar el problema no de resolverlo, dejando su costo social del Río Bravo para abajo. Pone en evidencia la resistencia a trasladar los millonarios recursos destinados a ejércitos y policías a políticas sociales que, por la vía de la salud, la educación y el empleo, abran la posibilidad de encarar de un modo distinto el problema.
Los recursos y los esfuerzos destinados a esa estrategia policial-militar lejos están de corresponder a los resultados sociales supuestamente buscados. Aunque, eso sí, el mercado de drogas, armas y cementerios, de seguro, ha de estar más que satisfecho.
Ese resultado, que por décadas ha significado una auténtica sangría en los países productores así como en los de tránsito que ahora, también, son de consumo, ha llevado poco a poco a ex jefes de Estado, a jefes de Estado en funciones, a organizaciones de derechos humanos, a agrupaciones civiles así como a especialistas e intelectuales a cuestionar esa estrategia, reconociéndola de manera creciente como un "autoengaño". El manifiesto fracaso de ese enfoque es ya inocultable.
El coro de voces que reclama si no legalizar, al menos evaluar el sentido de esa estrategia y explorar otros enfoques que atemperen la violencia, reduzcan la corrupción, reconozcan el problema desde la óptica de la salud y eviten poner en riesgo a los Estados como tales cada vez es más grande.
Los planteamientos de la Comisión sobre Drogas y Democracia en América Latina, integrada por los ex presidentes Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria, han ido abriendo espacio al debate de la política antidroga y cada vez son más los jefes de Estado que se inclinan por explorar otros enfoques. De ahí que la agenda de la Cumbre de las Américas que, desde hoy y hasta mañana tendrá lugar en Cartagena de Indias, haya incluido el tema no para resolverlo desde luego pero sí, al menos, para abordarlo. Hay un avance.
Ciertamente ya es intrascendente que, en ese coro, desafine el presidente Felipe Calderón.
La herencia de sangre, impunidad y corrupción provocada por la fallida estrategia calderonista frente al problema de la droga y su derrame criminal está ya dada. Es una pena que, en vez de haberse sumado a la idea de dar ese nuevo enfoque al problema, la administración calderonista se haya convertido en el escudero del dictado estadounidense sin reparar en la tragedia nacional desatada, pero quejándose -de modo esquizofrénico- de no encontrar apoyo justamente por parte del patrocinador de su estrategia, al menos por lo que toca al tráfico de armas.
En efecto, cualquier eventual rectificación de la estrategia del calderonismo para combatir el narcotráfico no tendrá efecto alguno cuando a lo largo de su sexenio la ha sostenido, bajo el simulacro de estar abierto a escuchar otras opciones. Como quiera, abrir brecha a la construcción de una política antidroga distinta a la seguida anima la posibilidad de que, en meses, el nuevo gobierno reconsidere la posibilidad de ensayar un derrotero que abata la violencia y contenga el debilitamiento del Estado.
Más interesante que el pronunciamiento presidencial sobre la política antidroga, resulta el de los candidatos a sucederlo. Prometen matizar o cambiarla pero no acaban de perfilarla, cuando en los polos de su tino se cifran vidas y muertes.
Aún asombra cómo la condena a la estrategia seguida en México no alcanza la fuerza y el volumen que exige tanta sangre derramada, sin que ese terrible costo humano se traduzca en paz y bienestar social. Por décadas, incluido el movimiento estudiantil y quizá la cristiada, el país no sufría una sangría de la dimensión de estos últimos años.
Será interesante escuchar o leer los malabarismos de la oratoria presidencial para justificar lo injustificable y mostrarse orgulloso. Es impensable, desde luego, que, a meses de terminar el cuestionado mandato que le reconoció el Tribunal Electoral, el presidente Calderón formule la autocrítica de la estrategia con la que pretendió legitimarse en el poder sin poder, y que hoy, incluso, amenaza el concurso para relevarlo.
Si la autocrítica tuviera espacio aún en la falleciente administración, arrancaría pidiendo perdón.
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