Representantes de 29 ejidos de Durango, Sinaloa y Nayarit afectados por la construcción de la autopista Durango-Mazatlán y obras relacionadas, solicitaron la intervención del gobierno federal para el pago de una indemnización “justa” por las casi dos mil hectáreas expropiadas.
El representante de los quejosos, Ernesto Pérez Virgen, recordó que en administraciones pasadas, funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impusieron un acuerdo de ocupación previa para llevar a cabo la obra.
Indicó que bajo “engaños” se apropiaron de manera ilegal de mil 900 hectáreas y a la fecha los ejidatarios y propietarios afectados no han sido indemnizados.
En rueda de prensa, advirtió que es ilegal la construcción de la autopista, que incluye el puente Baluarte, ya que los ejidatarios ganaron tres amparos en Agua de Palmillas y en Malpica, Sinaloa, así como en el ejido Pueblo Nuevo, de Durango, en contra de la continuación de ese proyecto.
A pesar de ello los amparos han sido violentados por las constructoras, dos de ellas españolas, y las “actividades siguen”, aunque los ejidatarios afectados no han sido indemnizados y desconocen a ciencia cierta la cantidad de tierra afectada y el monto del avalúo, añadió.
Por ello, Pérez Virgen pidió al presidente Enrique Peña Nieto, intervenir para lograr una indemnización justa, aunque en enero pasado en su visita a Durango le entregaron un documento con toda la información.
A su vez, Miguel Alvarado, del ejido “Chavarría viejo”, Durango, y Felipe Coria, de “Pueblo Nuevo”, afirmaron que en Sinaloa las tierras afectadas producían mango y en Nayarit ese producto, además de sorgo, frijol y maíz, así como los destinados al ganado.