E escuchado muchas descalificaciones, pero pocos argumentos y datos. Esto es común en la política de nuestro país. Las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión son demasiado importantes, sin embargo, para reducir la discusión a simples insultos. Por eso presento aquí algunas de mis posiciones:
La legislación secundaria debe estar apegada a la reforma constitucional por una sencilla razón: si no lo está, se le echará para atrás con controversias constitucionales y amparos.
El propósito de toda la reforma es ampliar la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. Esto se logra a mi juicio tanto en la parte constitucional como en la legislación secundaria. Por eso respaldo la reforma (a pesar de que afecta a empresas, como TV Azteca, con las que colaboro).
No veo objeción para que la Secretaría de Gobernación se siga haciendo cargo de temas de contenidos que la Constitución no asigna específicamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ni tampoco para que la SEP sea autoridad en contenidos educativos o Cofepris en salud y medicamentos (el artículo decimoprimero transitorio constitucional le da al IFT jurisdicción sólo sobre tiempos máximos de publicidad y publicidad infantil). La reforma le da demasiadas facultades a la autoridad para meterse en decisiones de contenido en radio y televisión (como tiempos de publicidad o tipos de información), pero eso ya está decretado en la Constitución.
Estoy de acuerdo en que se aplique una legislación asimétrica a los grupos preponderantes en telecomunicaciones (Carso) y radiodifusión (Televisa), pero creo que las reglas anunciadas son demasiado severas. Estoy de acuerdo en que Telmex-Telcel comparta su infraestructura, pero no de manera gratuita: debe haber una contraprestación razonable. Estoy de acuerdo también en obligar a la televisión abierta a compartir su programación con la televisión de paga (must offer), pero tampoco creo que deba ser a título gratuito.
Pienso que la regulación debe ser más dura para promover competencia en la televisión de paga, en la que hay monopolios u oligopolios locales, pero reconozco que en la Constitución no se consideró la declaración de preponderancia más que para un grupo empresarial en cada sector. Debido a que la televisión de paga está incluida en telecomunicaciones, las operaciones del Grupo Televisa en esta actividad no pueden ser sometidas a una declaración de preponderancia. El IFT, sin embargo, tiene otras armas para forzar una mayor competencia en televisión de paga, como sería una declaración de dominancia (ya no de preponderancia).
Se debería permitir ya, y no dentro de dos años, el ingreso de las empresas de América Móvil a televisión de paga. Ésta sería la manera más rápida y directa de generar competencia en el mercado. Telmex ya tiene cableado todo el país y Telcel puede ofrecer televisión de paga en cualquier momento.
No estoy de acuerdo en el nuevo registro de usuarios de telefonía celular que pide la ley secundaria. Es sólo más burocracia que no servirá para nada en el campo de la seguridad. Está bien que los concesionarios de telefonía apoyen a la autoridad para realizar intervenciones de llamadas telefónicas en casos de secuestro y extorsión, pero no veo razón para permitir bloqueos del Internet en ningún caso.
En muchos otros detalles de la ley tengo opiniones y observaciones, pero el espacio de una columna no es suficiente para tratar cada uno. Quizá lo importante es reiterar mi opinión de que, si el criterio era promover una mayor competencia, esto se logra con creces en la reforma constitucional y en el proyecto de legislación secundaria que se está discutiendo en el Senado.
Entiendo que la Iglesia Católica quiera honrar con la canonización a los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, pero es innecesario inventar milagros para ello. El requisito de reconocer milagros para beatificaciones y canonizaciones no tiene sentido ya en el mundo actual.
Twitter: @SergioSarmiento
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Octavio Paz