Confirmado: utilizaron dinero del pueblo... ¿Y luego?
Dos nuevos ejemplos de malversación del erario público por políticos se dieron a conocer ayer. Uno en Veracruz y el otro en Durango. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que al final no va a pasar absolutamente nada con los responsables.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sentenció -dos años después- que el Gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte Ochoa y tres de sus funcionarios públicos apoyaron "indebidamente" al entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, en día y horas hábiles.
La segunda sentencia fue en contra del excandidato a diputado en Durango, del Partido Acción Nacional (PAN), Rogelio Alonso Vizcarra, pues en su calidad de delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asistió a la conclusión y entrega de un puente en Pueblo Nuevo, en un helicóptero oficial y en periodo electoral.
Ambos sucesos fueron considerados por los magistrados como violatorios de la ley. Hasta aquí la noticia suena congruente. Pero los mexicanos preguntamos ¿Y luego?, ¿qué sigue?, ¿cuál será la sanción ejemplar para los señalados para evitar que esto se siga repitiendo?
Pues bien, seguramente ya adivinó. Poco o nada pasará. En el caso de Veracruz (que no es poca cosa que un gobernador sea hallado culpable de favorecer a un partido) será el recién creado Instituto Nacional Electoral (INE), quien "deberá votar una nueva resolución en la que se proponga sancionar al mandatario veracruzano y a sus entonces funcionarios". Sí, así como lo lee. No bastó con ser encontrado culpable, pues el Gobernador puede ser "salvado" en una votación o, en su defecto, recibir una sanción económica y nada más.
En el caso del exdelegado en Durango, será el mismo Seguro Social quién anuncie la sanción a la que se hará acreedor el señalado, que podría terminar en una sanción económica o la inhabilitación como funcionario público por un periodo de hasta 10 años. Y nada más.
Falta esperar que determine el IMSS y el INE al respecto. Ambas instituciones pueden aprovechar la coyuntura política y electoral que estos casos representan -pues se trata de los dos partidos con más poder en el país- y pueden sentar un precedente sobre el combate a la corrupción o dejar que la ciudadanía sigue perdiendo la credibilidad en las instituciones.
Para un organismo naciente como el INE, no es conveniente (y mucho menos deseable) que comience a hacerse "de la vista gorda" con casos tan graves como el de Javier Duarte y otros tantos que hay en México. Y para el Seguro Social es tiempo de que comience a revertir la mala imagen que tiene en cuanto a servicio y negligencia, aunque sea castigando a quienes se aprovechan de sus recursos... ¿o ustedes qué opinan?
Twitter: @jperezarellano