Bajan demandas contra tránsitos
De mayo a la fecha se han reducido significativamente las demandas en contra de las infracciones que levantan los agentes de Tránsito o policías viales en diversos municipios del estado, ya que hasta el primero de los meses de referencia se habían recibido 180 querellas de ese tipo correspondientes a los municipios de Lerdo, Gómez Palacio, Durango, Guadalupe Victoria y Santiago Papasquiaro, entre otros.
Así lo reveló Julio César Piña Grittsman, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango, tras precisar que, con corte al 15 de julio del año en curso, se han interpuesto 741 demandas contencioso-administrativas, de las que 279 corresponden al rubro fiscal y 460 son de tipo administrativo.
Al abundar sobre el particular, el entrevistado destacó que la disminución en las demandas contra autoridades de Tránsito y Vialidad de los municipios obedece a que estas han empezado a actuar con estricto apego a la ley.
En este contexto, ejemplificó que los formatos que manejan los agentes de Tránsito ya contienen la debida fundamentación y la motivación en el llenado de las actas de infracción, por lo que subrayó que, según su percepción, "han surtido efecto las pláticas que se han tenido con ellos, la capacitación que se les ha dado, porque de mayo al 15 de julio únicamente se presentaron 25 demandas".
Explicó además que las demandas contra los agentes de Tránsito y Vialidad se presentan principalmente por la falta de fundamentación, es decir, porque no se utilizaba correctamente el dispositivo legal en el cual el policía vial o el tránsito municipal fundaba su competencia para establecer la falta administrativa que cometiera el conductor y la sanción correspondiente.
El problema es que, dijo, los agentes mencionados utilizan formatos preimpresos, actas previamente elaboradas que contienen la fundamentación legal al final, aunque en algunos casos adolecía de la competencia territorial y material para que los elementos de Tránsito o Vialidad de los municipios tuvieran la facultad de levantar esas sanciones contra automovilistas.
Por eso, señaló, el porcentaje de resoluciones favorables para el ciudadano en este tribunal era muy elevado, lo que influyó para que las autoridades municipales se dieran cuenta de las fallas que tenía el procedimiento para sancionar, concretamente de una falta de fundamentación en los formatos de infracción que se utilizaban para infraccionar al ciudadano, además de la indebida motivación, y corregir esos errores que llevaron a la disminución en la presentación de demandas por ese motivo.