Siempre me ha parecido un exceso la atribución de "fallido" que con frecuencia se le endilga al Estado mexicano. Un apelativo que quizá sea útil (y comprensible) para dar cuenta de la frustración y rabia que provoca la ineficiencia de las instituciones. Pero, en estricto sentido, inexacto para describir la situación de la vida pública del país. Habría que estar en una nación africana convulsionada por la guerra civil o en una sociedad post apocalíptica, para entender lo que significa vivir sin una moneda garantizada por la autoridad, sin servicios públicos o sin garantías de protección ante la violencia de los facinerosos.
Ups. Justo la crónica que acabo de leer este sábado sobre distintos sucesos que se desarrollan en varias zonas del país. Las empresas de autobuses anunciaron que dejarían de entrar y salir de Morelia (y buena parte de Michoacán) por la imposibilidad de que el gobierno los proteja frente a los asaltos de la delincuencia y los secuestros de parte de los estudiantes. Hasta donde sé, incluso las diligencias siguieron circulando en el viejo Oeste en tiempos de la "ley del más fuerte". Algo que ya no pueden hacer los ferrocarriles en Guanajuato, en donde la gente descarrila trenes para saquear la mercancía de los vagones.
En otra nota me entero de que un convoy del ejército fue sometido violentamente para rescatar, con éxito, a un narco detenido. En el asalto los delincuentes utilizaron granadas de fragmentación y armas de alto poder y dejaron un saldo de cinco soldados muertos y diez heridos. Es decir, se trataba de un convoy numeroso, no una patrulla aislada sorprendida en el lugar incorrecto. Y este lugar no era una sierra inhóspita sino un acceso principal a la ciudad de Culiacán. Es decir, una confrontación de poder a poder entre el ejército mexicano y su adversario dentro del territorio en una guerra que perdemos día a día.
En una sección distinta del periódico me enteró que el peso siguió deslizándose (un eufemismo de lo que antes conocíamos como devaluación) frente al dólar pese a la medicina aplicada esta semana por el Banco de México. Las autoridades elevaron la tasa de interés interbancario de 4.25 a 4.75 con el propósito de fortalecer nuestra moneda. El resultado fue nulo: el mercado ignoró a Banxico y la cotización del peso siguió deteriorándose. Algo no funciona cuando el valor de nuestro dinero depende menos de lo que hacen las autoridades y más de lo que diga o deje de decir Donald Trump.
¿O qué pensar de una comunidad en la que 94 % de los delitos no son denunciados por las víctimas? La cifra, dada a conocer por el propio INEGI esta semana, desnuda un rasgo propio de las sociedades que padecen un estado fallido, al menos en dos sentidos. Por un lado, el hecho de que la abrumadora mayoría de la población carece de confianza en las instituciones de justicia o peor aún, teme las consecuencias de una denuncia. Y por otro lado que esa cifra (94%) da cuenta de la impunidad absoluta con la que operan los delincuentes y en general los que violan la ley. La intensificación de los linchamientos de las comunidades en contra de delincuentes da cuenta no sólo de la exasperación de los habitantes, también de su creciente deseo de hacerse justicia por propia mano. El viernes una comunidad quemó a un presunto asaltante, esta vez en Oaxaca.
El término Estado fallido se utiliza para describir una situación en la que un gobierno carece de control en amplias regiones de su territorio, no puede garantizar la seguridad de los habitantes, exhibe altos niveles de corrupción, no provee servicios básicos a la población, es incapaz de derrotar a los grupos armados que lo desafían, afronta un extenso mercado informal y es incapaz de hacer cumplir la ley.
Parecería el retrato hablado de los acontecimientos de esta semana. No, el nuestro no es un Estado fallido; pero carajo, cómo se parece.
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