Saldrá el Ejército de Tamaulipas
Pese a la crisis de seguridad por la que atraviesa Tamaulipas debido al recrudecimiento de la violencia, el Gobierno del estado dio ayer el primer paso para que el Ejército se retire de las calles.
El gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca descartó renovar el convenio de seguridad, que en los últimos seis años garantizó la permanencia de dos mil 290 militares en la entidad.
"Ese convenio no se va a renovar como estaba anteriormente. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es trabajando para poder contar con nuestra propia policía", indicó ayer el mandatario, antes de respaldar ante diputados la Ley de Seguridad Interior.
Mediante este convenio, que durante el pasado sexenio del exgobernador priista Egidio Torre Cantú se renovó cada año, los militares realizan funciones de policía estatal y municipal en 22 de los 43 municipios del Estado.
El acuerdo establece el pago de un estímulo mensual de 4 mil pesos para cada elemento de las fuerzas federales que operan en Tamaulipas, así como el hospedaje y combustible para sus unidades.
Durante el pasado sexenio, el Gobierno estatal gastó 3 mil millones de pesos al año en el rubro de seguridad, la mayor parte se destinaba al convenio con las fuerzas federales.
Hasta mediados del año pasado, en Tamaulipas había 16 mil elementos federales, entre soldados, marinos, agentes federales y de la Gendarmería, pero algunos han sido reasignados a otros Estados.
Para sustituir a los militares que quedan, el gobernador tamaulipeco explicó que actualmente cuentan con dos mil 700 agentes estatales.
"Un estado como el nuestro requiere alrededor de diez mil elementos de policías estatales para cubrir el número de habitantes. Hoy en día recibimos dos mil 700 (agentes estatales), en consecuencia es una labor titánica, pero posible el poder contar con los elementos suficientes para garantizar la seguridad de las familias en el Estado", indicó Cabeza de Vaca.
"Y mientras tanto tendríamos que tener el respaldo de las fuerzas armadas, pero éstas, les repito, están subsanando las deficiencias de los gobiernos estatales y municipales, es por eso que queremos llegar a contar con esa policía estatal para que las fuerzas armadas puedan regresar a sus cuarteles".
De acuerdo con una fuente de la Administración anterior, el último convenio de seguridad en el estado venció en septiembre del año pasado, pero el Gobierno de Torre Cantú dejó pagado hasta el 31 de diciembre.
Sin embargo, se desconoce si la actual gestión panista ha cumplido con el convenio en este 2017.
Ante el déficit de policías, el titular de la Seguridad Pública del Estado, Luis Felipe López Castro, dijo que se reunirá con mandos federales y estatales para revisar el esquema de reclutamiento y plantear nuevas estrategias.
Plantean estados retiro gradual
Gobernadores del PRI, del PAN y del PRD se comprometieron a asumir plenamente las funciones de seguridad pública, a fin de permitir el retiro gradual de las fuerzas armadas de sus entidades.
En una reunión con diputados, los mandatarios de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (PAN); de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD); y de Sinaloa, Quirino Ordaz (PRI) se manifestaron a favor de una legislación que norme la actuación del Ejército y Marina contra la delincuencia, pero también reconocieron que deben tener control de sus policías y asumir la responsabilidad que han tomado las fuerzas armadas.
Aureoles manifestó que en dos años podría hacerse cargo de la seguridad y que mientras tanto no pueden retirarse los militares del estado.
"Nosotros debemos hacernos cargo de la seguridad pública, esa es responsabilidad civil. Hoy mismo las Fuerzas Armadas no pueden retirarse de las calles, se ahondaría la crisis.
En tanto, García Cabeza de Vaca manifestó que es su convicción que deben salir las dos legislaciones para que haya un modelo de seguridad integral.
"En el caso muy particular de mi estado, yo me he dado un tiempo de cuatro años para poder lograr tener los elementos suficientes para poder cubrir esa necesidad", planteó el panista.
El gobernador de Sinaloa urgió a los legisladores a que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, pero reconoció que los estados deben tener mayor responsabilidad en las tareas que les corresponden.
Quirino Ordaz mencionó que hay fragilidad en los municipios y un deterioro de sus fuerzas de seguridad.
Pide la CNDH a Sedena acatar recomendaciones
Más que aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Ejército debe cumplirlas, demandó ayer el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez.
El titular de la CNDH fue cuestionado en el Senado de la República sobre la postura que fijó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respecto a las acusaciones que señalan a los militares de violar derechos humanos.
"Yo vuelvo a elevar mi exigencia de que se acepten las recomendaciones, pero más que se acepten se cumplan las recomendaciones, hago un exhorto para que se avance más puntualmente en el cumplimiento de las recomendaciones", dijo.
Sin embargo, González Pérez consideró que el mensaje castrense no iba dirigido a la CNDH.
"No hubo un cuestionamiento al trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo que yo ayer (martes) escuché, por el contrario, se dijo que se aceptaban las recomendaciones", agregó.
El martes, José Carlos Beltrán, director general de Derechos Humanos de la Sedena, rechazó los señalamientos públicos en contra de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos, y dijo que dichos señalamientos sólo pretenden descalificar las acciones que realizan con profundo orgullo.
Ayer el Ombudsman recordó que la CNDH ha emitido recomendaciones a diversas autoridades de seguridad, como la Comisión Nacional de Seguridad, a la Policía Federal, y no ha estado exenta ni la Marina ni la Defensa Nacional.
"Lo que necesitamos hoy es que se procesen y se sancionen a los responsables de esas violaciones", agregó.
González Pérez reiteró su llamado a que el Ejército regrese a los cuarteles, pero no de manera inmediata, pues las policías locales no están listas, por lo que consideró necesario primero su profesionalización o un castigo a los Gobiernos estatales que no la impulsen.