Es indiscutible que la corrupción es uno de los grandes males que daña a nuestro país. Este grave problema encuentra en la impunidad su mejor espacio de fertilidad, pues ante la falta de castigo a los corruptos, la corrupción se prolifera colocando a México como uno de los países más corruptos.
En efecto, no obstante que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a los mexicanos les preocupa más el tema de inseguridad y delincuencia que el de la corrupción, existen diversos instrumentos internacionales de medición que ubican a México como uno de los países más corruptos del mundo.
Sin duda, es vergonzante tener una distinción tan lamentable como esa. Pero es una realidad, nuestro país se caracteriza por una deficiente cultura de legalidad que provoca que tengamos un alto índice en actos de corrupción.
Sin embargo, en años recientes se han dado pasos importantes que buscan combatir tan grave problema social. De modo que mediante la reforma constitucional publicada del 27 de mayo de 2015, se sentaron las bases para la operación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que pretende abatir tan compleja y lamentable cuestión.
Este sistema contra la corrupción, constituye un mecanismo de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas, así como la fiscalización, control y eficiencia de los recursos públicos.
La participación ciudadana ha sido fundamental para que se haya generado este sistema nacional anticorrupción, pues haciendo uso de las nuevas tecnologías y sobre todo de las redes sociales, la propia ciudadanía se ha encargado de evidenciar y difundir escandalosos actos de corrupción e impunidad. Por tanto, debemos entender que la reforma y las leyes generadas para conformar el sistema contra la corrupción, no constituyen un "regalo" de las autoridades, sino que es una respuesta a la exigencia legítima de la sociedad para que la función pública sea cada vez mejor y los recursos públicos sean aplicados eficientemente.
De esta manera, en el Sistema Nacional Anticorrupción se establece una importante participación de la sociedad civil, ya que un Comité de Participación Ciudadana forma parte del sistema y está integrado por ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, y que serán un enlace directo para que las organizaciones de la sociedad civil se vean inmiscuidas en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción es un proyecto ambicioso que requirió la creación de nuevas leyes en la materia, así como la reforma de tres ordenamientos jurídicos para conformar siete leyes secundarias que constituirán el soporte para la puesta en marcha de tan importante sistema nacional. Será pues que a partir del 19 de julio de 2017 entre en vigor el SNA y para ello, todas y cada una de las legislaturas de los estados deberán expedir y adecuar el marco normativo aplicable para implementar un sistema anticorrupción a nivel local, equivalente al sistema nacional.
Cabe destacar que como lo indica PriceWaterHouseCoopers México, el nuevo marco legal anticorrupción en México aplica tanto a servidores públicos como a personas físicas y morales (particulares), y sanciona delitos como el soborno a servidores públicos, tráfico de influencias, colusión en contrataciones públicas, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de ex servidores públicos, entre otros. Además, las sanciones son ahora más severas y podrían alcanzar hasta la disolución de empresas. Adicionalmente, para personas morales, será un agravante el que se conozcan presuntos actos de corrupción y no se denuncien.
Sin embargo, a pesar de que el nuevo sistema contra la corrupción contempla importantes aspectos como los que se han señalado, existen algunos otros temas que deben atenderse urgentemente.
Para que el Sistema Nacional Anticorrupción arroje resultados positivos, ya que no obstante la cercanía de la entrada en vigor del sistema, aún no se ha designado al Fiscal Especial Anticorrupción a nivel federal y la mayoría de las entidades federativas no han adecuado sus legislaciones internas para armonizar apropiadamente los sistemas locales con el sistema nacional.
Otro aspecto que preocupa y que no ha sido suficientemente atendido, es el relativo al presupuesto que es necesario e indispensable para la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin duda es un tema complejo pero que no debe representar la excusa para justificar la ineficacia del sistema, las autoridades competentes deben realizar todo lo necesario para que se cuenten con recursos suficientes que aseguren la plena operatividad del sistema.
Sería imperdonable que un eventual fracaso se pretenda justificar por la falta de recursos pues ese aspecto debe ser garantizado por las autoridades y si es real su voluntad y compromiso para que el sistema contra la corrupción funcione, deberán ejecutar los actos necesarios para que exista suficiencia presupuestal para tal efecto.
Por lo tanto, debemos considerar que las reformas constitucionales y legales, así como la expedición de nuevas leyes no constituyen una "barita mágica" que por sí sola elimine la corrupción de un día para otro, se requiere del esfuerzo y trabajo conjunto de autoridades y sociedad civil para que nuestro país mejore, no corramos el riesgo de que el Sistema Nacional Anticorrupción se convierta en un espejismo que únicamente refleje meras expectativas creadas por una coyuntura política. Es necesaria una trasformación sustancial en todos los ámbitos, públicos y privados, para lograr que México sea un mejor país.
Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.
Lic. Francisco Javier González Pérez.
Es licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Actualmente cursa la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Sede Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Cuenta con un Diplomado en Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Instituto Henry Dunant en la O.N.U., con sede Ginebra, Suiza. Además ha cursado diversos diplomados y seminarios en materia de derechos humanos y derecho electoral.