Desde que tengo memoria los críticos del gobierno mexicano han dado por hecho que son objeto de espionaje. Muchos expresaban incluso orgullo cuando decían que sus teléfonos estaban intervenidos: era una forma de realzar su propia importancia. No sé qué tan real era el espionaje y cuánto era producto de una muy extendida e incluso sana paranoia.
La frecuencia con la que hemos escuchado conversaciones telefónicas de políticos y otros personajes públicos recalca que las intercepciones no son algo inusitado. Quienes saben del tema me dicen que en la actualidad no hay que ser agente del Cisen para realizar estas grabaciones. La tecnología permite intervenir conversaciones telefónicas con relativa facilidad. Por eso se ha hecho común que los funcionarios del gobierno, e incluso algunos altos ejecutivos de empresas, pidan que las personas con las que conversan dejen sus celulares fuera del lugar. Apagar el teléfono no es suficiente, dicen.
El New York Times ha denunciado un presunto esfuerzo del gobierno de México para espiar a periodistas y a activistas utilizando un software, o un malware para ser más precisos, llamado Pegasus, el cual ha sido elaborado por NSO Group. La nota señala que el gobierno de México ha contratado este programa. La empresa afirma que su software sólo lo vende a gobiernos y con la condición de que se emplee únicamente para combatir el crimen o el terrorismo. La Presidencia de la República ha reconocido que realiza labores de espionaje, pero sólo para combatir el crimen. "No hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje", señaló en una carta Daniel Millán, director de medios internacionales de la Presidencia de la República.
Si bien el New York Times no confirma en su artículo que efectivamente el gobierno mexicano esté espiando a activistas o periodistas, sí subraya que el software sólo se vende a gobiernos y que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto ha examinado los teléfonos de las presuntas víctimas y ha certificado que han sufrido intentos de captura de su información o que han caído en la trampa al recibir mensajes por lo que el malware ha quedado instalado en sus teléfonos. El gobierno de Enrique Peña Nieto sería el sospechoso número 1.
Las presuntas víctimas han presentado denuncias ante la PGR al mismo tiempo que pregonan su escepticismo de que esta institución pueda realmente ser imparcial. Habrá que ver ahora la investigación. ¿Por qué habría el gobierno de encontrar que él mismo es responsable de espiar a ciudadanos por el simple hecho de ser críticos o hacer trabajo periodístico?
Caer en una trampa que pudiera llevar a una infección de un teléfono con Pegasus puede ser muy sencillo. Basta con que el usuario dé click a un enlace en un mensaje de SMS. Es muy difícil saber si un link lleva a una fuente de contagio. Algunos de los textos, por otra parte, hacen muy difícil que uno resista la tentación de darle click.
El tema es demasiado serio para que termine en un artículo de periódico, que no puede comprobar el espionaje pero que sí aporta información que lo sugiere, o en un desmentido abstracto del gobierno. Por ley toca a la PGR hacer una investigación. Merecemos que se haga bien y a fondo, y que sea realizada o supervisada por personal calificado independiente.
SIN CREDIBILIDAD
Los partidos de oposición no sólo han conseguido ganar la mayor parte de las elecciones desde 2015, también han tenido éxito en destruir la credibilidad de las autoridades electorales. Una encuesta de Reforma señala que el 60 por ciento de los mexicanos no creen que el INE pueda operar la elección de 2018 mientras que 55 por ciento considera que no es independiente del gobierno.
Twitter: @SergioSarmiento