"El que por la mañana ha conseguido conocer la verdad, ya puede morir por la tarde."
Confucio
Los peritos del Colegio de Ingenieros determinarán qué pasó en el socavón del Paso Exprés. Es lo correcto porque pueden desprenderse responsabilidades penales. Pero también hay responsabilidades políticas.
La primera víctima política del socavón fue el director del centro SCT en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta. El gobernador Graco Ramírez lanzó un tweet el 12 de julio que decía: "SCT debe decidir si sostiene a un Delegado en #Morelos que no atendió a tiempo denuncias que pudieron evitar la tragedia en el #PasoExpress". La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció al día siguiente la destitución de Alarcón Ezeta, cuya principal experiencia laboral anterior había sido como director de las escuelas Harmon Hall.
El gobernador de Morelos ha dicho que Alarcón Ezeta fue nombrado por la SCT federal sin consultarlo, pero el secretario Gerardo Ruiz Esparza afirma que fue sugerencia de él. En 2013 Graco y el gobernador Ángel Aguirre de Guerrero, ambos del PRD, hicieron un acuerdo para que sus hermanos quedaran como representantes de la SCT en el estado del otro. Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano de Ángel, fue nombrado delegado en Morelos, mientras que Jaime Francisco Ramírez Abreu, hermano de Graco, recibió el mismo encargo en Guerrero (sinembargo.mx, 17.7.17). Cuando Ángel Aguirre renunció, su hermano fue reemplazado por Alarcón Ezeta a petición del gobierno de Morelos, según Ruiz Esparza.
El gobierno de Morelos ha señalado que notificó al director del centro SCT que había peligro en el Paso Exprés, pero este 24 de julio la Coordinación Nacional de Protección Civil a cargo de Luis Felipe Puente notificó a la Dirección de Protección Civil de Morelos que "le[s] corresponde a la entidad y al municipio la responsabilidad directa e inmediata de ejecutar las medidas de protección civil y por ende las de prevención y las de emergencia". En otras palabras, la Dirección General de Protección Civil del Estado de Morelos pudo haber cerrado la autopista si realmente pensaba que había un riesgo inmediato para la población.
La SCT, por lo pronto, ha anunciado que en lugar de restaurar la carpeta que se desplomó construirá un puente de 48 metros sobre el lugar. La solución tiene sentido, pero no significa que no deba hacerse una revisión de todas las tuberías y drenajes debajo de la carretera. El costo del puente será sufragado por "el consorcio constructor mediante la aplicación de las fianzas de anticipo y cumplimiento" y por un "seguro de daños a terceros".
Han surgido cuestionamientos acerca de la licitación. La SCT ha pedido ya una auditoría que encabezará la firma KPMG. La SCT señala que la licitación se llevó a cabo conforme a la norma y tuvo la presencia de un testigo social. El contrato se decidió por un sistema de puntos y no fue impugnado por ningún participante.
Mucho se ha criticado el aumento del presupuesto, de 1,045 millones de pesos a 2,200 millones según los medios (1,970 millones dice la SCT). El aumento, sin embargo, no sorprende ya que el proyecto original era para una carretera de ocho carriles que al final tuvo 10, el material pasó de concreto asfáltico a concreto hidráulico y se hicieron modificaciones importantes al proyecto original. La auditoría podrá verificar si los ajustes fueron correctos.
El problema es que la tragedia ha sido politizada. Es una realidad cotidiana en México. La muerte de dos personas es una magnífica oportunidad para sacar tajada política.
Homicidios dolosos
El número de homicidios dolosos aumentó 15.3 por ciento: de 20,762 en 2015 a 23,953 en 2016, o sea, de 17 a 20 homicidios por cada 100 mil habitantes (INEGI). No es México el país más violento del mundo, pero el crecimiento de los homicidios es muy fuerte.
Twitter: @SergioSarmiento