Piden conocer la otra versión
La sociedad exige que se actúe hasta las últimas consecuencias contra quienes participan en desvíos de recursos públicos, sean políticos, funcionarios o empresarios, aunque Alejandro de la Peña, dirigente restaurantero pide que se atienda la la versión de la contraparte en el caso de la orden de aprensión por el fraude en contra de la Secretaría de Salud.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera acotó que se debe de actuar apegado a la ley y hasta las últimas consecuencias en este proceso denunciado y señalado, donde se emite orden de aprehensión contra el exsecretario de Salud y se involucra en estas irregularidades fraudulentas a una empresa duranguense.
"Es aventurado fijar una postura porque no conozco la segunda parte, ahorita es una presunción, las ordenes de aprensión se presta a que los involucrados se escondan pero no significa ahorita que son culpables, si se les comprueba lo señalado y se dictamina en su contra, entonces que se cumpla con la ley", comenta el empresario.
Alejandro de la Peña
Por su parte Francisco Rueda del Consejo de Empresarios Jóvenes dijo estar a favor de todos estos procesos en donde se evidencian las irregularidades porque ello es -dijo- transparencia, además los actuales funcionarios saben que están en la mira y que la sociedad les va a exigir una buena actuación.
En el caso concreto del involucramiento en estas irregularidades de una empresa duranguense dijo que se tiene que conocer el tema de ambas partes, conocer las circunstancias del por qué la empresaria está inmiscuida en este proceso y cómo se dieron las incursiones.
Pero, acotó el empresario, siempre estará a favor de la transparencia en todo lo sentidos.
El Consejo Coordinador Empresarial, de donde Diana Ocón, titular de PACS S.A. de C.V., fue presidenta, emitió un comunicado señalando que toda acción para resarcir los daños patrimoniales ocasionados en administraciones anteriores son una buena respuesta a la demanda ciudadana de no tolerar la impunidad y garantizar la rendición de cuentas.
El comunicado manifiesta que el CCE está favor de procesos jurídicos apegados al Estado de Derecho, que estén integrados con expedientes sólidos basados en argumentos legales sustentados, contra todo servidor o funcionario público que ocasionó un quebranto a las finanzas del estado, deslindando las responsabilidades correspondientes y esperando que existan sanciones justas en cada caso.
"Como empresarios estamos a favor de que se cumpla la ley en nuestra entidad y que no existan actos impunes, ni evasión de la justicia cuando se demuestre una responsabilidad legal", manifiesta.