“Ninguna ley ni reglamento es más poderoso que
el entendimiento”.
Platón
Millones de personas sufrieron ayer las consecuencias de una serie de bloqueos de los accesos al Distrito Federal desde el Estado de México organizados por el grupo Transportistas Unidos Mexiquenses A.C. (TUMAC) que preside Edward Espíndola. La movilización demostró una vez más que nuestro país vive en la ley de la selva.
Los grupos de transportistas que llevaron a cabo los bloqueos se oponen a un programa de ordenamiento del transporte urbano mexiquense aplicado por el Gobierno del Estado. Entre las cosas que quiere el Gobierno es determinar quiénes detentan actualmente las concesiones, ya que con su alquiler y venta las autoridades han dejado de saber quiénes las están explotando.
Los grupos de transportistas que se oponen a este reordenamiento son en realidad una minoría. Ayer Manuel Vergara, del Grupo Promotor de la Cámara Nacional del Transporte de Pasajeros, me decía que las organizaciones que no se unieron a los bloqueos representan más del 90 por ciento del transporte mexiquense. Esta mayoría de transportistas, de hecho, pidió ayer que se aplique todo el peso de la ley a quienes realizaron los bloqueos y demandaron incluso que se les retiren las concesiones. Pero en la ley de la selva en que vivimos se requieren tan sólo unas cuantas unidades para hacer bloqueos y echar a perder el día a millones de trabajadores y empleados cuyo único pecado fue tratar de llegar a tiempo a sus empleos.
En entrevistas ayer con reporteros de La Red de Radio Red, algunos de los transportistas en los bloqueos reconocieron que sus líderes los obligaron a participar bajo la amenaza de que si no lo hacían se les suspendería durante dos días. Por otra parte, hubo frecuentes actos de violencia. Los conductores que bloqueaban los accesos al Distrito Federal bajaban a los pasajeros de las unidades que los transportaban y agredieron físicamente a algunos automovilistas que querían pasar y a transportistas que querían seguir haciendo su trabajo.
La irresponsabilidad de los grupos que bloquearon los accesos al Distrito Federal sólo es comparable a la de las autoridades del Estado de México que permitieron que los bloqueos se llevaran a cabo. En ningún caso cumplieron las autoridades municipales o las estatales con su obligación legal de mantener libres las vías de comunicación. La policía simplemente desapareció de sus puestos usuales de vigilancia, seguramente por órdenes superiores.
El gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, más preocupado por no manchar su carrera hacia la candidatura presidencial del PRI que por defender el derecho de tránsito de los mexiquenses, simplemente se doblegó y no tomó ninguna acción. Si acaso, la policía estatal se dedicó a cuidar a los grupos que realizaban los bloqueos. No sorprende: ni el Gobernador ni sus secretarios, que pueden moverse en helicóptero, fueron afectados en lo personal por los bloqueos.
Las lecciones de ayer deben quedar claras para los mexiquenses y para todos los mexicanos, especialmente si consideramos que los transportistas rebeldes han amenazado con repetir sus acciones. Las concesiones del transporte, que deberían ser una oportunidad para ofrecer un servicio público, se han convertido en una fuente de riqueza indebida que los gobiernos de nuestro país entregan a mafias distintas, las cuales se disputan sus territorios con tácticas abiertamente gangsteriles. Los gobiernos mexicanos, ante el temor de que se les acuse de represores, prefieren dejar que estos grupos de poder tomen a los ciudadanos como rehenes antes que actuar con energía para aplicar la ley.
Si no queremos vivir en la ley de la selva, nuestros gobiernos van a tener que empezar a aplicar la ley. De poco sirve que el gobernador Montiel haya tenido el valor de reordenar el transporte urbano del Estado de México si cuando las mafias de poder reaccionan y toman como rehenes a los ciudadanos no se atreve a hacer nada. Una de las responsabilidades de un gobierno es defender a los ciudadanos de abusos como los que vimos ayer. Si el gobernante no va a tener el valor de hacerlo, más le valdría no haber tomado las medidas que alebrestaron el avispero. De hecho, si no tiene el valor de actuar, mejor que deje el cargo a quien sí lo tenga. Y que se abstenga de buscar cualquier otro cargo de gobierno.
PETRÓLEO
El precio del petróleo ligero rebasó ayer, brevemente, los 70 dólares por barril, antes de caer a un nivel de 68 dólares. La razón fue la suspensión de las operaciones petroleras y gaseras de Nueva Orleans por el paso del huracán "Katrina". De mantenerse los actuales niveles de precios habrá que esperar un daño a la economía internacional y, por lo tanto, a la de México.
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