Tierra de amparados
De cara a su primer informe, Aispuro sigue a contracorriente trabajando en posicionar su gobierno de alternancia. Sin duda los cambios políticos siempre representarán dificultades, máxime cuando quienes ya no ostentan el poder, dejan tras ellos desfalcos financieros que limitan la capacidad de acción de las nuevas autoridades para poder iniciar sus proyectos; para materializar las promesas realizadas en campaña.
De manera natural quedan las resistencias de tipo político, esas que se afrontan al cambio y que no solamente son las del partido que pasó a jugar el rol de opositor que, aunque debilitado, como estructura intenta mantenerse en pie buscando reposicionarse implementando estrategias dirigidas al desgaste de imagen, de quien lo sacó del poder.
Antes de cumplir un año, la nueva administración gubernamental comenzó a arrojar resultados de los procedimientos de entrega-recepción. Pese a la presión social y a la demanda de los duranguenses por ver una pronta justicia, el gobierno de José Rosas Aispuro Torres, entre los embates fue agotando paulatinamente las auditorías para finalmente convertir a Durango, en una de las entidades donde más exfuncionarios públicos han solicitado el recurso de amparo.
Hoy existen órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de la pasada administración; se siguen investigaciones y hay denuncias con la posibilidad de ser ampliadas, incluso hay alguien en prisión pese a que tras su detención no pocos auguraron que, en corto tiempo, saldría libre debido a "fallas en los debidos procesos" que dicho sea de paso, dada la experiencia, se han ido cuidando en lo subsecuente por la parte demandante.
Es el caso de la exsubsecretaria de egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, cuya detención fue la primera que se ejecutó el pasado 1 de noviembre del 2016. Sin embargo, aun cuando evitó permanecer en prisión, continúa vinculada a proceso llevándolo bajo arraigo domiciliario, lo que significa que no ha quedado libre de culpabilidad.
Por su parte el área jurídica del gobierno del Estado de Durango, reveló que las investigaciones no sólo incluyen a exfuncionarios, sino que se siguen también las indagatorias a empresarios privilegiados, que resultaron beneficiados en la pasada administración y que están coludidos en actos de corrupción.
Además del señalamiento de la gran deuda de 15 mil millones de pesos heredada por la administración de Jorge Herrera Caldera, hay investigaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, quienes ubicaron una falta de comprobación de 4 mil millones de pesos.
En el terreno de los nuevos gobiernos municipales, también se ha dado seguimiento a las múltiples anomalías que quedaron registradas en las actas de sus respectivos procesos de entrega-recepción, como son el caso de Durango capital y Gómez Palacio. Sin embargo el tema está en área de la Entidad de Auditoría Superior del Estado, por lo que se sigue a la espera de que se inicien procesos legales en contra de exfuncionarios, que lastimaron las arcas en estos ayuntamientos.
En noviembre del año pasado la contraloría municipal de Durango, declaró nulo e ilegal el proceso entrega-recepción del Ayuntamiento capitalino, por irregularidades encontradas en prácticamente todas las direcciones. Se informó que los exalcaldes Carlos Emilio Contreras Galindo y Esteban Villegas Villarreal, junto con el excontralor Reyes Ávila Ontiveros serían convocados a declarar, sin embargo esto a la fecha no ha ocurrido y se espera que al igual que la dinámica que sigue el propio gobierno del Estado, comiencen pronto a surgir denuncias y órdenes de aprehensión de algunos exdirectores.
En Gómez Palacio la alcaldesa Leticia Herrera Ale, hace un par de meses anunció que tres personas que fueron directores municipales en la pasada administración, cometieron graves irregularidades en su desempeño y que sería cuestión de tiempo para que se inicien acciones legales en su contra, no obstante, omitió dar nombres y dijo que sería la EASE la encargada de hacerlo.
EN LA BALANZA.- Todo está dispuesto para que el domingo asuma Luis Enrique Benítez Ojeda la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. En su registro la semana pasada, dijo que buscaría la unidad y entablaría el diálogo al interior, sin embargo todavía no rinde protesta y ya los acuerdos parecen estarse rompiendo. Algunos de los que aspiraban a dicha posición ya se han pronunciado y amagan con un rompimiento, puesto que Benítez no quiere cumplir con lo pactado. CERROS SECOS YPELONES... "Si nos toca llegaremos a un acuerdo y si no, pues que se queden con la presidencia", dijo la alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, respecto a la exigencia de pago de los extrabajadores que demandaron desde hace nueve años al Ayuntamiento por despido injustificado.
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