Múltiples presiones ha tenido que soportar el Gobierno Federal por el asunto de los carros "chuecos". Por un lado, miles de personas desafiaban las leyes circulando por las calles del país con vehículos de procedencia extranjera. Por el otro, las armadoras de automóviles, así como los concesionarios, lanzaban una voz de alerta asegurando sobre el terrible golpe que podría darse al sector automotriz en caso de acceder a una regularización vehicular.
Lejos de ubicarme en cualquiera de las posturas, me parece que la decisión del Gobierno de regularizar una parte de los automóviles "chuecos" es un acto de justicia social.
México es un país de enormes contrastes económicos. Quienes más tienen figuran en las listas de los hombres más adinerados del planeta. Lo mismo sucede en el caso de los mexicanos más pobres: ellos también aparecen en la lista de las personas con mayores necesidades en el mundo.
Tener coche, más que un lujo, es una necesidad. Por desgracia la gran mayoría de las ciudades en nuestro país carecen de un servicio de transporte urbano eficiente. A diferencia de las poblaciones europeas o estadounidenses, en donde quienes poseen un automóvil lo dejan estacionado al preferir usar los autobuses de ruta para sus traslados cotidianos, en México millones de usuarios sufren diariamente por el pésimo servicio que ofrecen los concesionarios del transporte.
Unidades en mal estado, impuntualidad en los traslados, aumentos de tarifas que no traen consigo una mejora en el servicio, horarios reducidos y una deficiente planeación de las rutas, son algunos de los motivos por los cuales muchos sienten la urgencia de tener su propio automóvil.
La llegada de los carros "chuecos" supuso para miles de familias una mejora en su nivel de vida. Gracias a sus reducidos costos, personas de bajos recursos pudieron comprar sus propios automóviles y disfrutar así de las ventajas que supone el no utilizar el transporte urbano.
Realmente era preocupante ver circular a cientos de automóviles sin placas amparados con grandes tarjetones de organizaciones que no hacían otra cosa más que lucrar con la ilegalidad. Pero al regularizar estos coches la mayoría ganamos. En primer lugar ganan los dueños de dichos autos, pues así pueden librarse del embate constante de policías voraces. Ganamos también los propietarios de automóviles "legales", pues es más seguro circular cuando todos los automóviles portan su matrícula estatal. Por otro lado, las autoridades judiciales también se benefician, pues los vehículos sin regularizar son muy propicios para que los delincuentes los utilicen para cometer todo tipo de delitos. Es increíble, pero también ganan quienes tienen pequeños talleres, pues con la llegada de estos coches recuperarán el trabajo que últimamente les habían arrebatado las agencias de automóviles y demás establecimientos. Por último, el mismo Gobierno obtiene un beneficio por dicha legalización, pues sólo en el caso de Coahuila, en lo que va del año dos mil automóviles de procedencia extranjera adquirieron ya placas mexicanas, lo que ha significado un ingreso para el Estado de casi dos millones de pesos.
Quizás alguno pueda demostrarme lo perjudicial que resulta la entrada de estos automóviles utilizando como argumento el posible golpe económico propinado a las armadoras y a los concesionarios de las diferentes marcas. Pero esto es muy cuestionable, pues difícilmente quien tenga la posibilidad de comprar un auto nuevo preferirá un vehículo de procedencia extranjera.
Quizás el único punto en contra que pesa sobre la regularización de automóviles es la cuestión ambiental. Por tal motivo, esos dos millones de pesos que ha recibido el Gobierno Estatal por la regularización de estos automóviles, deberían destinarse a instaurar en todo el estado el control obligatorio de emisiones contaminantes y, de alguna manera, ayudar a que todos los vehículos cumplan con los estándares mínimos de contaminación.
La regularización de automóviles, además de ser una acción de franco combate a la delincuencia, es un acto de justicia social que todos debemos celebrar.