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EL UNIVERSAL
jue 14 sep 2017, 9:18am 3 de 47

Persiste a 4 años sombra de 'Ingrid' y 'Manuel'

En contrucción. Los niños toman clases en escuelas de madera, con piso de tierra y con claves prestadas. La primaria es una galera donde los profesores todo el tiempo están compitiendo con sus compañeros para que sus estudiantes los escuchen.


Habitantes de Chilpancingo reubicados en el fraccionamiento El Mirador tras los embates de los fenómenos meteorológicos de 2013 acusan que la reconstrucción está a medias, y con trabajo y recursos propios buscan levantar los servicios más urgentes

Algunas tardes, unas 10 mujeres salen a los arroyos a recoger piedras, arena o algo que les sirva para construir la Casa de Salud en el fraccionamiento El Mirador, al sur de esta ciudad, en Guerrero.

El Mirador es donde reubicaron a todas las familias de Chilpancingo damnificadas por la tormenta "Manuel" y el huracán "Ingrid" en 2013.

No han logrado mucho, la obra por ahora es incipiente: apenas está la base de piedras con concreto y una pared levantada con pedazos de madera. Eso es lo que llevan, no más.

La construcción va lenta por dos razones. Una porque lo hacen en esos tiempos libres y dos, con sus propios recursos. Los vecinos se cooperan de 120 pesos para comprar materiales y ellos ponen la mano de obra.

Tienen motivos suficientes para no esperar la acción gubernamental: "Los enfermos los tenemos nosotros, no los del gobierno", dice Silvia Flores Ramos, una habitante de la manzana 1.

La urgencia por tener la Casa de Salud es real, el hospital general Raymundo Abarca Alarcón, el más cercano, lo tienen hasta el otro extremo de la ciudad, a unos 40 minutos. Y por las noches, los taxis les cobran unos 200 pesos por viaje y cuando hay una urgencia no hay otra alternativa.

Durante el año que llevan viviendo ahí, las 566 familias se atienden como pueden. Algunos van al centro de salud más cercano, en la comunidad de Petaquillas, y otros a clínicas particulares, donde tienen que pagar.

En este lugar, a cuatro años de la tragedia, todo está a medias y lo que está completo ya se está dañando. "Cuando llueve ya no sé si estar adentro o afuera porque en los dos lados se moja igual", dice una mujer sobre las grietas que tiene el techo de su casa.

El julio de 2014, el entonces secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Carlos Ramírez Marín -hoy presidente de la Cámara de Diputados- prometió algo distinto a lo que ahí se ve.

Dijo que se construirían mil 100 viviendas; que habría canchas de fútbol y baloncesto, un mercado, terminal de autobuses, zonas recreativas y escuelas. Todas sus palabras quedaron en un boletín que difundió la dependencia. Nada de eso se ha cumplido. Nada.

De las mil 100 casas sólo se construyeron 598 y 32 serán demolidas en los próximos días porque se están hundiendo. Los niños toman clases en escuelas de madera, con piso de tierra y con claves prestadas. La primaria es una galera donde los profesores todo el tiempo están compitiendo con sus compañeros para que sus estudiantes los escuchen.

Los vecinos de El mirador no tienen agua, menos zonas recreativas. Cada semana gastan hasta 100 pesos para llenar sus tinacos. Unos, dicen, están igual que cuando vivían sobre las barrancas. Ser damnificado en Guerrero es una tormenta interminable.

PREDIO FUERA DE LA NORMA

Desde su origen, el fraccionamiento es irregular. El predio donde está cimentado no es apto para la construcción, es inestable. La Sedatu lo adquirió sin que hubiera un estudio ambiental, además a un costo superior de su valor real: por tres hectáreas pagó más de 30 millones de pesos.

Para la edificación del complejo, la dependencia contrató a cuatro empresas: Servicios en Concreto Maza; Jumens; Casa Flex e Inmobiliria K (Morfeus). Todas están denunciadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por incumplimiento.

En este fraccionamiento se ha ido una millonada: en cuatro años se ha gastado más de 490 millones de pesos, sin que se pueda concluir. Mucho de ese dinero se ha ocupado en reparaciones y en estabilizar el terreno.

Las casas apenas se entregaron y los daños ya eran visibles, las cuarteaduras, sobre todo. La mayoría están construidas con estructuras prefabricadas: unas están montadas sobre la otra.

El delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, explica que de acuerdo con los lineamientos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cada casa debe costar 190 mil pesos, 120 en la construcción y 70 en la introducción servicios.

Si partimos de lo ya gastado -490 millones de pesos- cada casa ha costado 819 mil 397 pesos, cuatro veces más de lo que fue aprobado, sin tomar en cuenta que sólo se trata de la mitad de viviendas anunciadas.

En los próximos días, el escenario empeorará: 32 casas serán demolidas, es decir, unos seis millones de pesos se irán a la basura y se necesitará otra cifra igual para sustituirlas.

Estas moradas serán demolidas porque fueron hechas en un terreno inestable, según dictámenes de Protección Civil, expertos en mecánica de suelo de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Armenta Tello dice que en las 12 denuncias que presentó la Sedatu en contra de las empresas y "en contra de quien resulte responsable" piden la devolución de 94 millones de pesos.

Cuatro años después de que comenzó la reconstrucción, siguen los problemas. Los vecinos demandan sus escrituras. Esto por ahora no puede suceder: el predio no está escriturado. Según el delegado, sólo hay un acta de "promesa de compra-venta".

Por estas irregularidades, sólo hay dos funcionarios inhabilitados, el ex delegado de la Sedatu, actual diputado local, Héctor Vicario (PRI), y la ex coordinadora de delegados, Sheila Karín Ortega. La Secretaría de la Función Pública los inhabilitó 10 años por "negligencia administrativa".

SABINA, ERRANTE

En marzo de 2016, los damnificados no aguantaron más y, aun sin estar concluidas y sin servicios, tomaron sus casas por desesperación; muchos pasaron una larga temporada viviendo en albergues o en los restos que dejó la tormenta Manuel.

La mañana del 15 de septiembre de 2013, Sabina Ramos Cilios, una mujer de 81 años, salió de su casa junto con su hija y sus tres nietos con lo que pudo y como pudo. Para sobrevivir recolecta botes de plástico y aluminio.

Desde dos días antes, la corriente del río Huacapa que pasa detrás de su casa, comenzó a crecer. Cuando la corriente rompió el límite del cauce inició la destrucción: se llevó todo a su paso, incluyendo la mayor parte de la vivienda de Sabina.

La mujer tuvo que vagar más de tres años. Los primeros días después del paso de la tormenta y el huracán los pasó en una primaria que se instaló como albergue. Con el transcurso de los días, los daños como los damnificados aparecían por todos lados.

A Sabina la ubicaron en las instalaciones del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg). Ahí durmió en colchonetas, sin luz, con baños colectivos y con comida preparada por militares. Lo hizo durante ocho meses.

Las condiciones del refugio no fueron las únicas razones por las que decidió salirse. Primero: el entonces alcalde Mario Morenos Arcos le aseguró que sus nuevas casas estaban listas. Segundo: entre las víctimas corrió la versión de que los restos de sus casas serían destruidos.

La mujer regresó a vivir a un cuarto menor a los 30 metros cuadrados, con piso de tierra, techo de lámina, sin drenaje y con la firme amenaza de que el río Huacapa se volvería a venir encima. En ese momento, ocupar la casa que le prometió la Sedatu fue imposible: ya está ocupada.

A inicio de 2016, Sabina recibió las llaves de lo que sería su casa. Con prisa fue a verla. Sólo pudo hacer eso, porque cuando quiso ingresar un grupo de personas con palos la rodeó y se lo impidió. Las llaves de la casa ya no correspondían a la chapa. Los invasores las cambiaron. Después de unos meses la mujer pudo entrar a su casa, para vivir con todo a medias.

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